«Se realiza visita de inspección al centro para verificar la organización del mismo ante la presencia de usuarios que han dado positivo al COVID 19». Así comienza la primera acta realizada por el servicio foral de Inspección en las residencias de Gipuzkoa desde la irrupción de la pandemia. Se llevó a cabo en un centro de Donostia, donde cinco usuarios estaban contagiados y sobre otros cuatro había sospecha de que pudieran estarlo, por lo que se solicitó hacerles PCR.

En el escrito, prolijo en datos, se detalla la situación de la residencia, la distribución por plantas de los pacientes que habían dado positivo y de los que no, se verifica además que todo el personal está utilizando mascarillas para prestar sus servicios y se advierte, por ejemplo, de que «la plantilla de enfermería se ha visto reducida de forma notable, por lo que precisan de forma urgente enfermeras».

Es, en resumen, un informe completo sobre la situación de ese centro, uno de los muchos que se redactaron durante la fase más complicada de la crisis sanitaria. El problema es que la inspección de esa residencia se hizo el 7 de abril, casi un mes después de que se decretara el confinamiento de la población y cuando el covid-19 ya había causado estragos, en el conjunto de la población y particularmente en los centros para mayores.

Inspecciones auxiliares

En Gipuzkoa no hay ninguna acta de inspección de las residencias desde el 9 de marzo, una semana antes de que entrara en vigor el estado de alarma, hasta ese 7 de abril. No la hay porque la Diputación decidió el 13 de marzo prohibir el acceso a los centros para mayores a cualquier persona no trabajadora de los mismos, una medida lógica ante una situación pandémica, pero que afectó también a los profesionales del servicio foral de Inspección, algo insólito ante la situación que allí se vivía.

Pero así consta en una respuesta del Departamento de Políticas Sociales a una solicitud de información de EH Bildu, sobre las inspecciones realizadas por el Servicio de Inspección entre el 10 de marzo y el 6 de abril.

La coalición había pedido el 16 de abril las actas de marzo y de los días que se llevaban transcurridos de ese mes de abril, pero cuando el 25 de mayo recibió la información comprobó que no había actas sobre ese espacio temporal. Por ello, el 4 de junio pidió expresamente las actas correspondientes a esas semanas, recibiendo la citada respuesta por parte de la Diputación.

En su réplica, el Ejecutivo foral añade que el 23 de marzo «se aprobó e inmediatamente se iniciaron las labores de desinfección de dichos centros por parte de los equipos de bomberos de la Diputación y del Ayuntamiento de San Sebastián», y añade que «aprovechando esta circunstancia» se acordó con los responsables de todos los equipos de bomberos de Gipuzkoa que «aprovechando su entrada a los centros realizasen inspecciones auxiliares sobre aquellos aspectos relacionados con el estado y situación de los centros».

«A través de estas inspecciones, si los equipos observaban o detectaban algo reseñable o sospechoso en cuanto al estado de los centros y de las personas residentes y trabajadoras, debían informar inmediatamente al servicio foral de Inspección», añade la Diputación, que concluye que «durante todas las inspecciones auxiliares realizadas no se detectó ninguna anomalía o circunstancia digna de mención, por lo que durante este plazo no fue precisa la visita a ningún centro por parte del servicio foral de Inspección».

No hace falta recordar cuál era la situación aquellas semanas y el intenso trabajo que tuvieron que hacer los bomberos, tanto de asistencia como de desinfección en muchos lugares, como para que además tuvieran que hacer una labor de inspección que ejercen profesionales que se dedican expresamente a ello.

Al parecer, al Departamento de Políticas Sociales, que admite en sus escritos que durante diez días –entre el 13 y el 23 de marzo– no hubo nadie que entrara a ver cómo estaban las residencias, no le llamó la atención que entre el 10 de marzo y el 7 de abril no se hubiera detectado ninguna anomalía o que ningún centro requiriera la visita de inspectores. Y que justo a partir del 7 de abril, cuando los inspectores e inspectoras volvieron a ejercer su trabajo en las residencias, empezaran a llegar actas con reseñas, valoraciones y menciones muy concretas sobre lo que necesitaban los centros, que estaban sufriendo que dureza el impacto del covid-19.

Y es que, en ese espacio de tiempo en el que se vetó la entrada al servicio foral de Inspección, en las residencias de Gipuzkoa fallecieron 46 personas, según informó la propia Diputación en una nota de prensa difundida el 7 de abril. El primer deceso se produjo en una residencia de Zarautz el 26 de marzo, pero todavía tardaron casi dos semanas en permitir que se reanudaran las inspecciones.