La Sala del Tribunal Supremo español que juzgó la causa del procés catalán acordó ayer revocar el tercer grado penitenciario concedido por el Departamento de Justicia de la Generalitat a los nueve condenados a penas de prisión, al considerar que se trata de una medida prematura y que no está relacionada con un proceso de reinserción. El Supremo aprovechó el auto para arremeter contra la administración penitenciaria catalana por intentar vaciar de contenido la pena impuesta, al dar a los presos un tratamiento penitenciario que el Supremo considera «privilegiado». Las fuerzas políticas catalanas valoraron la decisión como una injusticia, una venganza del Estado y un ataque al diálogo.

La argumentación del Supremo se aferra al contenido de su propia sentencia para –contra toda evidencia– volver a recalcar que los condenados cometieron un delito muy grave al haber impulsado un alzamiento tumultuario. Y con esa conclusión como único bagaje, la sala del Supremo rebate todos los argumentos de la defensa y de paso ataca también a la administración penitenciaria catalana. El Supremo se encierra en el marco que ha construido con su propio veredicto para subrayar que los presos del Procés seguirán en sus manos mientras así lo considere conveniente. Asimismo, el alto tribunal reafirma su apuesta por aplicar un castigo ejemplar a los líderes del procés.

En estos tiempos en los que se debate en Europa sobre la politización de la justicia, el auto del Supremo de ayer viene a dejar claro no solo el carácter político del alto tribunal –que se erige en gendarme del Estado profundo–, sino también su apuesta por cerrar las vías políticas para la resolución del conflicto en Catalunya, al imponer la fórmula del castigo y la represión. Esta apuesta de la máxima instancia judicial del Estado español por la venganza resulta más evidente si cabe al coincidir con la aprobación de los presupuestos en el Congreso, donde varios partidos independentistas han sido fundamentales.