Con el nuevo año y en el 62 aniversario de la Revolución, Cuba ha comenzado la mayor transformación económica de la isla en décadas y que lleva a cabo en medio de una crisis económica agravada por el efecto de la pandemia del covid-19 y el reforzamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos.

El cambio supone la transición hacia la unificación monetaria y cambiaria de su economía. Así, finaliza la circulación de una de las hasta ahora dos monedas nacionales: el peso convertible (CUC), medida acompañada de un reajuste salarial, de las pensiones, retirada de subsidios y un incremento de los precios de bienes y servicios cuyo precio se multiplicará.

El peso cubano (CUP) se devalúa frente al dólar con una tasa de cambio fija de 1 dólar por 24 CUP. El proceso implica unificar los tipos de cambio vigentes para la población y el sector empresarial lo que debe implicar, según las autoridades económicas, una mejora de las condiciones para el incremento de las exportaciones del país caribeño.

El mayor peligro que puede traer el final de la dualidad monetaria y cambiaria es la inflación, por lo que los cambios incluyen una reforma general de salarios, pensiones y precios, con la eliminación gradual de lo que el Gobierno cubano ha denominado «subsidios excesivos y gratuidades indebidas» y con el propósito de comenzar a ordenar la pirámide de ingresos de la población.

El inicio del complejo proceso fue anunciado el pasado 10 de diciembre por el presidente, Miguel Díaz-Canel, tras lo que representantes del Gobierno han ido compareciendo en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), así como en los medios de comunicación para explicar los cambios. Uno de los asuntos que provocó más inquietud en la población fue el incremento en las tarifas de la electricidad hasta el 500%.

El Gobierno cubano respondió a las críticas con una modificación a la baja para todos los tramos de consumo en los que se divide la tarifa eléctrica.

Coincidiendo con la puesta en marcha de la reforma económica, EEUU anunció ayer nuevas sanciones que atacan directamente los objetivos de la misma. Así, Washington incluirá al Banco Financiero Internacional (BFI), en su «lista negra» de empresas cubanas con las que los estadounidenses tienen prohibido llevar a cabo transacciones. Esta medida intenta sabotear la importación y exportación del sector no estatal, que en la reforma económica otorgaban un papel importante a ese banco.

La Habana rechazó las nuevas sanciones y recordó que «la inclusión de entidades en sus listas pretende reforzar un cerco económico que no ha podido destruir la Revolución Cubana en 62 años».