En 2018, Donald Trump dijo en tono burlón durante una entrevista no entender «por qué Obama dejó 100 vacantes de jueces federales sin designar». «Fue como un gran y hermoso regalo para nosotros. ¿Por qué diablos él dejaría eso? Tal vez se volvió cómodo», afirmó. No ocultaba la importancia que tenía para su agenda de prioridades la suerte de toma pacífica de la judicatura estadounidense que haría en su mandato.

En esas crudas declaraciones, el ya expresidente prosiguió: «Fue como un regalo del cielo porque [los jueces] son los que juzgan nuestras disputas, los que deciden qué es justo y qué no».

Trump ejercía su cotidiano sarcasmo obviando un elemento clave sobre el falaz olvido de Barack Obama para con las vacantes: el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, bloqueaba sistemáticamente los nombramientos desde 2014; incluso lo hizo con uno para la Corte Suprema.

El presidente número 45 de Estados Unidos se lleva varios récords, como ser el único que ha recibido dos impeachments por parte de la Cámara de Representantes y el único involucrado en un asalto violento a una institución democrática. Pero si hablamos de asaltos, aunque legales, también podemos hablar de un récord en su política judicial: durante su mandato de cuatro años ha designado a 226 jueces federales, el 28% del total y se trata de la mayor tasa de nombramientos de cargos desde Jimmy Carter hace 40 años. En el doble de tiempo, Obama designó 320 y George W. Bush 322.

Pero, como señala el informe del prestigioso think tank Pew Research Center de Washington, en lo que toca a las 13 cortes federales de apelaciones –que tienen la palabra final en la mayoría de los recursos que se plantean–, «Trump dio vuelta el balance de muchas cortes» al conseguir designar a 54 miembros (el 30% del total). En el doble de tiempo, Obama designó solo a 55. Por supuesto, en todos los cargos que eran de jueces progresistas el Partido Republicano se ocupó de colocar conservadores.

La pesada herencia

Uno de los hitos principales de la herencia trumpista, que se verá por mucho tiempo en la sociedad norteamericana, es el impacto del último gobierno en la confección de la Corte Suprema. En un país que divide su política en un complejo balance binario entre conservadores y progresistas, que en el máximo tribunal haya una mayoría nítidamente de derechas de 6-3 es algo que preocupa a los sectores demócratas.

Nunca desde Ronald Reagan un presidente había designado a tres jueces de la Corte Suprema. Y es récord en 90 años que lo haga un mandatario en sólo cuatro años. Según el Pew Research Center, calculando el promedio de duración de los magistrados del tribunal, al designar Trump personas menores de 55 años la duración de los tres designados podría ser de más de dos décadas.

En cuanto a los jueces federales de primera instancia, Trump procuró no hacer equilibrios entre las sensibilidades políticas ni étnicas del país que gobernó. De hecho, fueron designadas solamente 24% de mujeres juezas (con Obama fueron el 42%) y tan solo 16% no-blancos, es decir afroamericanos, latinos y asiáticos (con Obama representaron el 36% del total).

«Las designaciones en la Corte Suprema que hizo Trump dejan el tribunal más desequilibrado del último sigo a favor de los conservadores y eso incidirá en la interpretación de muchas leyes, aunque no le sirvió a Trump en lo electoral», explica a GARA la politóloga Anabella Busso, directora del Centro de Investigación en Política y Economía Internacional de la Universidad de Rosario (Argentina) y especialista en política estadounidense. Afirma que «efectivamente Trump cambió muchos cargos de bajo rango aunque se demoró en las designaciones de los altos cargos. Tuvo siempre la idea de cambiar la administración pública desde su perspectiva. En la judicatura, pensó que los cambios podían jugarle a favor ante una judicialización del proceso electoral, pero no fue así. El Poder Judicial en Estados Unidos tiene un poder muy significativo y su compromiso con el ala política es importante pero no acabó desconociendo las normas del propio sistema».

Sin embargo, advierte que «es indudable que, desde el punto de vista de la división político-cultural que existe en el país, tener una Justicia con impronta más conservadora y hasta trumpista implica que incidirá en la manera en

que se interpreten las normas que vengan y que se resuelvan los conflictos políticos que acaben judicializados. Y esa fue su idea porque a Trump le esperan muchos litigios personales, tiene muchas acusaciones incluso previas a su ejercicio como presidente».

Los alfiles de la conquista

Como dice Busso, el poder de determinar el proceso político de los jueces federales estadounidenses es muy importante. El caso más emblemático es el del aborto: la interrupción voluntaria del embarazo no es legal gracias al Congreso sino al histórico fallo por el «caso Rose versus Wade» en 1973 (que dicho sea de paso, es una estaca clavada en el corazón de la derecha religiosa). También en normativas bisagras como el seguro público de salud (Obamacare) y el financiamiento privado de campañas, por nombrar hitos recientes, la judicatura torció muchas veces la voluntad de la Casa Blanca.

Dos nombres clave aparecen en este proceso de acaparamiento trumpista de la judicatura: el ya nombrado Mitch McConnell y el estratega Steve Bannon. El senador por Kentucky ha sido la pieza fundamental de la ocupación récord de magistrados conservadores y ya desde dos años antes de Trump, gracias a su bloqueo de las nominaciones propuestas por Obama.

Según el documental “Supreme Revenge” de PBS (la cadena de TV pública estadounidense), no fue decisión de Obama dejar tantas vacantes de cargos judiciales sino algo que McConnell «ayudó a cimentar» al frenarlas y luego, llegado Trump, facilitarlas «a un ritmo ametrallador».

De hecho, el senador se dio a sí mismo el crédito por esta acción en una entrevista a Fox News en 2018. Cuando le preguntaron por qué habían quedado tantos jueces sin nominar, respondió: «Le diré por qué. Yo estaba a cargo de lo que hicimos en esos dos últimos años de Obama».

Su biógrafo, Alec MacGillis, autor del libro “El cínico: la educación política de Mitch McConnell”, recuerda que en los años de juventud trabajando en la comisión de Justicia del Parlamento de Kentucky es cuando el actual senador «realmente entendió la importancia y la centralidad de las designaciones judiciales en el sistema político».

El otro pilar es Bannon, exasesor principal de la Casa Blanca y primer jefe de campaña de Trump, señalado como la materia gris del corpus ideológico de la alt-right (derecha alternativa) que llevó al triunfo de 2016, y que mantiene su apoyo para el magnate republicano a pesar de haber sido echado cuando criticó a los hijos de Trump.

En una entrevista para el mencionado documental de PBS, Bannon dijo sentirse defraudado por McConnell en varios aspectos pero matizó: «Si eres un conservador, él básicamente salvó nuestro país y peleó esos años para nombrar a esos jueces federales. En esto el país se la juega y es por eso que me incorporé a la campaña en su momento. Ese es el mantra de la sociedad federalista, la deconstrucción de la administración pública». Para Bannon, el acaparamiento de la judicatura «es probablemente el mayor legado, además de la confrontación con China».

Trump será recordado por un completo rehacer de las cortes en todos los niveles. Los analistas apuntan al teórico ultraconservador oriundo de Virginia como el ideólogo detrás del expresidente para esta transformación radical. En 2017, en un acto público y sin titubear, Trump dijo en un foro sobre asuntos judiciales: «La meta es acabar con el estado progresista». Era el gran sueño de Bannon hecho realidad.

Sin embargo, Busso recuerda que este fenómeno conocido como «lawfare» comenzó en la Administración demócrata, pero no para opositores internos sino hacia gobiernos extranjeros. «El lawfare tiene su raíz en la gestión Obama, la judicialización de la política de diseñar un programa de juicios y sanciones que afecten exclusivamente a opositores, limitándolos con el objetivo que no puedan tener participación en la vida política. Obama lo utilizó como un elemento de política exterior y eso se ve en Latinoamérica». «Con algunas leyes se ve cómo desde lo judicial se genera política exterior. El antecedente más antiguo es la ley Helms-Burton contra Cuba en 1996. Trump continúa la estrategia pero con objetivos más rudimentarios y a nivel interior», asegura.

Resta saber hasta qué punto la herencia judicial que deja el trumpismo condiciona la era Biden, en un contexto ya difícil por la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia y una crispación política monumental. Los demócratas cuentan con la Casa Blanca, la Cámara baja y el Senado, además de la tradicional benevolencia inicial de los grandes medios. Pero quien controla el gobierno a veces no controla siempre el Estado, especialmente cuando la hipoteca fue firmada por el vil antecesor.