La Audiencia Nacional condenó a Galder Barbado y Aitor Zelaia a cuatro años el pasado martes. Ayer mismo las defensas de los dos jóvenes alaveses anunciaron que recurrirán el fallo al considerar que no existen pruebas que los incriminen. A su juicio, la condena se basa únicamente en las suposiciones recogidas en el atestado que elaboró la Ertzaintza. Un informe lleno de sospechas y de prejuicios, sin rigor, que deja en muy mal lugar la profesionalidad de la Policía Autónoma. El contenido del atestado recordaba otros tiempos de enfrentamiento en los que la ausencia de pruebas se suplía con un amplio abanico de conceptos sacados de los manuales de retórica «antiterrorista».

Pero esa no ha sido la única actuación de la Audiencia Nacional esta semana. También ha llamado a declarar a los participantes en la protesta convocada por Sortu y colectivos de migrantes el pasado 12 de octubre en Iruñea. Llamamiento que se produce además sin que haya mediado ningún tipo de identificación a los participantes en aquella representación y que muestra el estrecho control policial que se ejerce sobre la actividad política en este país, especialmente en el caso de la izquierda independentista. Aquella acción de protesta se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión, tal y como ha sentenciado el Tribunal de Estrasburgo. En cualquier caso, resulta sospechoso ese afán de la Audiencia Nacional de intervenir en el recorte de los derechos civiles y esa ambición de intentar condicionar la agenda política.

El contexto político ha cambiado radicalmente esta última década, pero los tribunales de excepción españoles continúan anclados en los viejos tiempos y en sus antiguas prácticas. Podrán seguir haciendo daño con sus enjuiciamientos arbitrarios y con sus injustas sentencias, pero lo único que conseguirán es dejar cada vez más claro que su tiempo ha pasado. Ha llegado el momento de disolver la Audiencia Nacional.