No llevamos ni mes y medio de 2021, y el cupo de despropósitos en la gestión de la pandemia está cubierto para todo el año. Sería de agradecer que parasen, porque los ánimos no están para seguir soportando unos escándalos que, pese al intento de presentarlos como aislados, contemplados en su conjunto arrojan la descarnada imagen de un sistema corrompido que ya no es capaz de ocultar los privilegios que reserva para una minoría. Ibon Etxeberria se suma a Jon Sánchez, José Luis Sabas y Eduardo Maiz; los cargos nombrados por el PNV a dedo, con gruesos sueldos y que estamos conociendo escándalo tras escándalo, dan la radiografía de un régimen carcomido.

Como si las vacunaciones VIP no hubiesen servido de aviso, Etxeberria, director de Régimen Jurídico del departamento de Salud y miembro del «LABI técnico» –nombre más que discutible, visto lo visto–, se saltó el confinamiento para ir a jugar al golf. Tan hiriente como suena. El cese llegó de nuevo tarde, no cuando los responsables del departamento que dirige Gotzone Sagardui conocieron lo sucedido, sino tras hacerse público. El cese no se debe a que juzgasen errónea la inaceptable actitud de Etxeberria, sino a un escándalo que son incapaces de prever.

Al cúmulo de despropósitos se sumó ayer el TSJPV, que con un profundo desprecio hacia los aprendizajes epidemiológicos de este año, decretó que los espacios cerrados, como lo son muchos locales de hostelería, no suponen un riesgo. A cambio de criticar con razón la campaña navideña, negó la evidencia científica sobre contagio y aerosoles. Este fallo desvía el foco: la hostelería no está recibiendo ayudas que garanticen un sustento ahora y viabilidad más adelante. Asimismo, este Gobierno no razona bien sus leyes. El veto judicial, crudo recordatorio de los límites de la cogobernanza reclamada por Lakua, no debe servir de excusa para dilapidar la buena tendencia epidemiológica de los últimos días, demasiado frágil todavía.