Dos asociaciones que trabajan con las personas migrantes en Ipar Euskal Herria, Cimade y Daikite, denunciaron ayer que el Estado francés ha dado un salto cualitativo en su política contra la migración y no está respetando ni los derechos fundamentales de las personas. Llegaron a comparar los actuales modos de actuación con los que se dieron en Italia durante el Gobierno de Salvini. Entre otras cuestiones, destacaron los controles selectivos y las detenciones masivas, el hecho de que los detenidos sean tratados como si fueran delincuentes y la práctica cada vez más extendida de la expulsión inmediata sin respetar los derechos que asisten a los migrantes.

Una persecución sin precedentes que se activa precisamente en un momento en que ha aumentado significativamente la llegada de personas migrantes a causa de la profunda crisis que ha provocado la pandemia en todo el mundo. La emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas son especialmente graves en los países con sistemas de protección social muy débiles. Es posible que a los gobiernos europeos se les haya ocurrido que así van a detener ese flujo de migrantes. La realidad es que esas personas no tienen ningún horizonte en sus países de origen y su única alternativa es emigrar en busca de un futuro mejor, por lo que con este tipo de políticas difícilmente conseguirán algún resultado reseñable. Seguramente otros son los objetivos que buscan con este acelerón represivo. Cimade y Daikite denunciaron, por ejemplo, que la pandemia se ha convertido en la excusa perfecta para militarizar la muga, donde se ha duplicado la presencia de efectivos armados y el número de controles.

Todos los Estados de la Unión Europea se están deslizando peligrosamente por la pendiente de la vulneración de derechos fundamentales. Empiezan con las personas más indefensas para evitar resistencias, pero el objetivo que persiguen es general. No se puede bajar la guardia.