Finalmente, el sábado el Gobierno de Gasteiz dio su brazo a torcer y renunció a explorar Subilla en busca de gas. Tal ha sido la obcecación del Ejecutivo encabezado por Iñigo Urkullu, que tuvo que sacar una «nota aclaratoria» para zanjar el asunto. En esta ocasión, no solo la oposición rechazaba el proyecto, sino que su socio de gobierno tampoco lo apoyaba. Incluso el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, también del PNV, se desmarcó del plan y el Ayuntamiento negó la licencia de exploración al consorcio publico-privado porque contravenía el ordenamiento urbanístico de la capital.

A pesar del rechazo general, el PNV ha maniobrado hasta el último momento en Madrid para que la ley de transición ecológica aprobada el pasado jueves en el Congreso permitiera una futura explotación, en el caso de que se encontrara gas. Una postura que ha pretendido justificar por los compromisos adquiridos con las empresas privadas que participaban en el proyecto. Un argumento que cae por su propio peso cuando el proyecto, a pesar de la licencia otorgada por el Ministerio, contravenía normas urbanísticas y además entraba en contradicción con el borrador de la ley que se estaba tramitando en el Congreso y que, con su aprobación, ha cerrado definitivamente la puerta a cualquier explotación futura. No preocupaba a Lakua tanto el quebranto que pudiera suponer a las arcas públicas el fin del proyecto, como el hecho de que su imagen como garante de los intereses de las grandes empresas energéticas se viera afectada. De hecho, aprovechó la renuncia a Subilla para pedir que se acelerara «de manera urgente» la ejecución de otras instalaciones de energía renovable, precisamente cuando varios parques eólicos –con importantes afecciones a la biodiversidad– están en fase de información pública y alegaciones.

La transición ecológica no va solamente de sustituir unas fuentes de energía por otras, sino de transformar el modelo de producción y de consumo en su conjunto.