La nueva Ley orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, entre otros aspectos, eleva a 35 años la edad desde la que empieza a contar el plazo de prescripción de los abusos a menores; también elimina el Síndrome de Alienación Parental (SAP) por el que algunos padres acusan a sus exparejas de manipular a sus hijos en su contra; obligará a utilizar la prueba preconstituida, es decir, el testimonio grabado hasta los 14 años del menor afectado, para evitar así su revictimización, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia.

El texto fue aprobado con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC y BNG; en contra, de Vox y del PNV, y la abstención de PDeCAT y EH Bildu. Tras esta votación, la ley seguirá su tramitación en el Senado.

Elevar la edad

Uno de los últimos cambios introducidos en el texto fue la ampliación de la edad a partir de la cual comienza a contar el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores. El documento inicial contemplaba elevarla de los actuales 18 años de la víctima a los 30 años, pero en la votación de ayer decidieron que este umbral se eleve hasta los 35 años en virtud al acuerdo alcanzado el mismo día entre PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu, Más País y BNG.

Actualmente, el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores empieza a contar cuando la víctima cumple la mayoría de edad y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad. Igualmente, se amplía de 6 a 12 meses el plazo para el cese de tutela de la Administración sobre los menores en situación de desamparo que hayan abandonado voluntariamente el centro de protección y se encuentren en paradero desconocido. Entre las novedades que ya introducía el texto presentado por el Ejecutivo español en junio de 2020 destaca la privación de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato.

Igualmente, la nueva ley incorpora el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores; crea la figura del «coordinador de bienestar y protección», que deberá estar presente en todos los centros educativos; aborda el problema del bullying, así como la violencia contra colectivos vulnerables y el acoso a través de Internet.

EH Bildu y PDeCAT

Durante el debate, los grupos que se abstuvieron, EH Bildu y PDeCAT, señalaron que lo hacían con un «sentimiento amargo» debido a que consideran que la norma presenta aspectos positivos, pero supone también «una invasión competencial».

En su intervención, Mertxe Aizpurua reconoció aportaciones de la ley como la eliminación del SAP –«que, por ejemplo, ha llevado a la Diputación de Bizkaia a quitar a Irune Costumero la custodia de su hija»– y la retirada de la custodia compartida en casos de violencia machista, pero lamentó la «indefensión de los niños tutelados que sufren violencia institucional» y también la de los que se ven afectados por desahucios.

El diputado del PNV Iñigo Barandiaran justificó el voto negativo jeltzale por su choque con las competencias estatutarias.

Satisfacción de Cuatrecasas

Una de las personas más satisfechas ayer por la aprobación de la ley fue Juan Cuatrecasas Asua, padre del joven Juan Cuatrecasas, que denunció las agresiones sexuales que sufrió por parte de un profesor del colegio Gaztelueta de Leioa, dependiente del Opus Dei, cuando tenía 12 y 13 años. El profesor fue condenado a 11 años de prisión, pero el Tribunal Supremo rebajó la condena a 2 años por lo que permanece en libertad.

Cuatrecasas Asua, que desde 2019 es diputado del PSOE por La Rioja, dio las gracias en las redes sociales a «las compañeras y compañeros de la comisión de infancia y adolescencia por la labor desplegada estos meses. Orgullo».

El caso del entrenador de Basauri, última referencia vasca

Uno de los casos más relevantes en Euskal Herria, al que la ley aprobada ayer hubiera dado una solución distinta, es el del entrenador de la escuela de fútbol del Baskonia de Basauri, que fue detenido en marzo de 2019 tras las declaraciones de seis personas que denunciaron haber sufrido abusos sexuales por su parte cuando eran unos niños. El arrestado, J.I.B.B, de 60 años, fue puesto en libertad tras prestar declaración ante el juez porque los delitos habían prescrito al haber transcurrido más de 30 años desde que ocurrieron. Sin embargo, le investigan porque puede haber casos más recientes.

La primera denuncia la puso Pepe Godoy, que sufrió los abusos cuando tenía entre 8 y 11 años y que se decidió a hacerlo cuando comprobó que el acusado seguía entrenando a niños.GARA