Hace unos días se presentó en Gasteiz ante la prensa una plataforma ciudadana a favor de la sanidad pública. Las portavoces, preguntadas por los periodistas, se definieron como usuarias y usuarios de los servicios públicos sanitarios y sociosanitarios preocupadas por su deterioro y, a la vez, como trabajadoras precarias de esos mismos sistemas que descuidan a sus plantillas y avanzan imparables en su privatización.

Nos parece emocionante que desde la propia sociedad surjan personas capaces de ver más allá del tsunami informativo diario con datos y más datos de la pandemia y que sean capaces de poner el foco en la realidad que nos rodea a todos de pérdida de derechos individuales y colectivos, desigualdades cada vez más acuciantes y ataques al cuidado básico de la vida de todas y todos, tanto en su vertiente sanitaria como social.

Desde luego, lo que estamos viviendo en la actualidad es la consecuencia de decisiones políticas presentes y pasadas y por ello es importante identificar a los responsables y analizar los intereses que están en juego, los intereses del mercado y del capital frente al derecho a una vida digna y cuidada para todos y por todos.

Cuando en el año 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad se establecieron ya las bases en el Estado español que iban a permitir la penetración de empresas privadas en los sistemas públicos de salud, al permitir derivar a pacientes a la privada mediante conciertos y convenios singulares. Posteriormente, se dio un paso más con la aprobación de la Ley 15/97, que ha dado vía libre a los distintos tipos de gestión, como que un centro público sea gestionado por empresas privadas.

La experiencia en la Comunidad de Madrid ha sido arrasadora. Los hospitales construidos con dinero público y gestionados posteriormente por capitales privados de Esperanza Aguirre son tan solo la punta del iceberg. Durante décadas, el PP ha vaciado el sistema público de salud para ir aumentando la cuota de beneficio de las grandes empresas de la sanidad privada, muchas de ellas en manos de hombres del partido. Pero si algo ha quedado en evidencia en la pandemia ha sido el abandono de las personas mayores en un modelo residencial enfocado únicamente al gran negocio de la dependencia, con unos niveles de negligencia y deshumanización verdaderamente incompatibles con un Estado de derecho.

Pero estas decisiones políticas no son exclusivas ni de Madrid y ni del PP. En la CAV el proceso ha sido diferente, pero en la misma dirección. Desde la creación del sistema público vasco de salud, las decisiones del Gobierno Vasco, bien en manos del PNV o del PSE, han sido, después de una breve luna de miel donde Osakidetza fue la joya de la corona, un continuo proceso de privatización.

Cuando en 1991 se publicó el informe Abril con las propuestas de externalización de servicios, copago y división entre provisión y financiación de los servicios de salud, el rechazo social fue manifiesto y condicionó el debate político de manera que ni el PNV ni el PSE, ni tan siquiera el PP, se atrevieron a posicionarse a favor, pero iniciaron las estrategias precisas y en el 97, ya sin complejos, aprobaron la Ley 15/97 para facultar legalmente a los gobiernos autonómicos a privatizar sus respectivos servicios públicos de salud.

La pandemia ha puesto de manifiesto lo que provocan años de vaciamiento financiero y pérdida de capacidad asistencial y las consecuencias que estas políticas traen a la vida y salud de las personas. Porque la tan repetida eficiencia de los sistemas privados no solo no ha ayudado en la gestión de la emergencia sanitaria, sino que han aprovechado para penetrar aun en más sectores de la población que ante la saturación del sistema público, han optado por contratar aseguramientos privados. Pero también en esta situación habría que buscar la responsabilidad política de aquellos que no decidieron la intervención de las empresas sanitarias privadas, tal como facultaba el estado de alarma, para descongestionar (desaturar) los hospitales públicos.

Casi un año y medio después, con un balance de pérdidas de vidas e incremento de la pobreza sin parangón en los países de nuestro entorno, nuestros gobernantes siguen mucho más preocupados en el reparto de los fondos europeos que en analizar el desastre y tomar las medidas que garanticen el cuidado y la vida digna de todas nosotras.

La plataforma Osasun Publikoa Aurrera apunta en su manifiesto algunas de las medidas urgentes que como sociedad debemos exigir. Es imprescindible recuperar la invisible atención primaria: reorganizarla, dotarla de recursos y financiación y darle el papel fundamental de cuidado comunitario. Es también fundamental que la salud mental se convierta en una prioridad que asuma las consecuencias de la crisis sanitaria y para ello se tendrá que revertir lo privatizado y volver a insertarse en la comunidad, que nunca tendría que haber abandonado. Y por último y como sociedad, no podemos seguir manteniendo un modelo residencial que no garantiza, ni la vida digna de los y las residentes, ni las condiciones laborables reguladas y decentes de sus trabajadoras.

Si repasamos estas medidas vemos con claridad que todo depende de la voluntad política de los gobiernos y que nuestro papel como ciudadanía es la exigencia y la movilización hasta conseguirlas. Por ello creemos que la movilización social es imprescindible y queremos mostrar nuestro apoyo a la manifestación que convoca la plataforma para el día 22 de mayo por las calles de Gasteiz.