La Audiencia Nacional española condenó ayer a penas de 8, 46 y 53 años de cárcel a las tres personas acusadas de formar parte de la célula yihadista que el 17 de agosto de 2017 llevó a cabo los ataques de Las Ramblas de Barcelona, mediante un atropello masivo con una furgoneta, y del paseo marítimo de Cambrils (Tarragona), que causaron 16 muertos y 140 heridos. La Sección Tercera de lo Penal ha condenado a 53 años de prisión a Mohamed Houli, quien resultó herido en la explosión en Alcanar (Tarragona); a 46 años a Driss Oukabir, quien alquiló la furgoneta de Las Ramblas, y a 8 años a Said Ben Iazza por colaboración, ya que, según la sentencia, prestó su documentación y una furgoneta para comprar y transportar explosivos.

A los dos primeros se les condena por «pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito así como fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista; y estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave», con penas superiores a las que pedía la Fiscalía.

La Sala, sin embargo, rechaza considerar a ambos coautores de «catorce delitos de homicidio en tentativa de carácter terrorista, así como de 34 delitos de lesiones de carácter terrorista y de cinco de lesiones por imprudencia» como pedían algunas acusaciones, recordando la muerte de los autores directos.

La sentencia describe cómo se constituyó la célula alrededor del imán de Ripoll, fallecido en Alcanar, y cómo instruyó a sus miembros.

Tres meses antes de los atentados comenzaron a comprar material para fabricar explosivos. Estuvieron estudiando diversos objetivos. A las 23.16 del 16 de agosto de 2017 se produjo la explosión en el chalé de Alcanar, lo que causó la muerte del imán a Youssef Aalla, mientras que Houli resultó herido. Al día siguiente, Younes Abouyaaqoub se dirigió con la furgoneta a Barcelona y sobre las 16.50 entró en Las Ramblas a gran velocidad arrollando a las personas que por allí caminaban.

La resolución les impone también una pena de alejamiento de Alcanar cuando queden en libertad, de 10 años en el caso de los principales acusados y de 5 en el Ben Iazza, e indica también que el cumplimiento efectivo de las dos penas más altas no excederá de 20 años.

La sentencia lamenta que la instrucción ha olvidado a las víctimas y no ha aclarado el alcance total de los daños personales ni materiales.