Decir que el indulto es una rutina en el Estado español no es ninguna exageración. Una rutina diaria, puesto que desde la muerte de Franco (que también indultó) su número supera los 20.000, es decir, más de uno por día. Pero, posiblemente, en estos 45 años nunca haya habido un debate tan encendido al respecto como el que se abre ahora, con la posibilidad de supresión de cumplimiento de condena a los líderes independentistas catalanes.

Entre quienes intentan recortar el margen de maniobra al Consejo de Ministros, encargado de decidir, está el Tribunal Supremo que en otras ocasiones no tuvo problema en «revocar» sus propias condenas y que ahora ha convertido el habitual trámite consultivo en un alegato político de 20 páginas. Y también hay fuego amigo, el del expresidente y exlíder del PSOE Felipe González, que aprobó nada menos que 5.944 indultos. Casi tantos como su sucesor del PP, José María Aznar, que se fue hasta los 5.948. En 2000, el año en que logró la mayoría absoluta, Aznar indultó 1.744 veces, casi cinco por día.

La difusión de estas cifras, recogidas por la fundación ciudadana Civio, han sorprendido en el Estado español por la habitualidad que reflejan. Pero en Euskal Herria habrán extrañado menos, porque ya era conocido que, por ejemplo, más de la mitad de los condenados por torturas han recibido indultos. Datos de Euskal Memoria de hace ya casi una década exponían que de 62 castigados 36 habían sido indultados. Si esos 36 obviamente son una minucia entre los 20.000 «perdones», se explica únicamente porque los casos de torturas condenados resultan ínfimos (según el informe oficial del equipo de Paco Etxeberria referido a la CAV, apenas 49 agentes condenados con sentencia firme entre más de 4.000 casos de tormentos).

Los indultos en estos casos, además, han tenido como continuación una rehabilitación total, cuando no un ascenso. Uno de esos indultados por torturas es Manuel Sánchez Corbí, a quien Madrid convirtió luego en jefe de la UCO de la Guardia Civil y París concedió la Legión de Honor. Y no solo se ha indultado a policías y guardias civiles torturadores, también se hizo en 2012 con cuatro Mossos d’Esquadra que golpearon y metieron una pistola en la boca a un detenido.

Con los GAL ocurre otro tanto: no hay muchos indultados porque hay poquísimas condenas, pero porcentualmente suponen más de la mitad. Los más conocidos por sus altas responsabilidades en Interior, José Barrionuevo y Rafael Vera, a los que el Gobierno Aznar sacó de la cárcel vía indulto tres meses después de entrar arropados por Felipe González (1998).

Los otros condenados por el secuestro de Segundo Marey también fueron exonerados. Con José Amedo y Michel Domínguez no se hizo porque, como explicó el Supremo, ya habían tenido suficiente beneficio con acumulaciones de condenas. Y tampoco le hizo falta unos años después a Enrique Rodríguez Galindo, condenado por el «caso Lasa-Zabala», ya que resultó políticamente más cómodo excarcelarle por enfermedad.

También golpistas

De entre las alegaciones muy políticas del informe consultivo del Supremo ante el caso catalán destaca esta queja: para la Sala no cabe indulto porque en la petición se presenta a los líderes del «procés» como «presos políticos» cuando «han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a la del resto de sus conciudadanos».

La afirmación y su contundencia contrastan con la posición que tomó el mismo Alto Tribunal español en favor de indultar a los autores del intento de golpe de Estado en 1981, con toma del Congreso incluida. En aquella ocasión, la Sala de lo Militar se puso en evidencia hasta extremos ridículos en el caso de Antonio Tejero, para argumentar que tenía buena conducta en prisión apuntó que había pintado 300 cuadros y que era donante de sangre. El Gobierno, entonces todavía en manos de Felipe González, no le excarceló, pero sí lo hizo con el exgeneral Alfonso Armada, condenado a 26 años de prisión como cabecilla.

EL ARREPENTIMIENTO, UN COMODÍN a conveniencia

Uno de los debates más presentes sobre el indulto es el del arrepentimiento. No se exige, pero en la práctica se toma en cuenta... a veces. En el caso catalán, «no hay el menor indicio», remarca el TS. Se corresponde con la realidad de afirmaciones como el reiterado «Ho tornarem a fer» de Jordi Cuixart o esta de Oriol Junqueras: «El indulto se lo pueden meter donde les quepa». La petición no es suya, la impulsa la UGT.

Ahora bien, ¿acaso expresaron arrepentimiento los casos citados anteriormente? Las justificaciones del terrorismo de Estado por parte de Vera son recurrentes y públicas. Con la tortura no consta una sola disculpa o reconocimiento por parte de las decenas de indultados, algunos dos veces, como José Domínguez Tuda (el temido «Goli» de Intxaurrondo). Tampoco Tejero hizo autocrítica ni pidió indulto, algo que el Supremo intentó camuflar diciendo que la Archicofradía de la Celeste, Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, solicitante, estaba actuando realmente en su nombre.R.S.