Las entidades memorialistas que se agrupan en la red Memoria Osoa denunciaron ayer que el Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo que se inaugurará hoy en Gasteiz discrimina a las víctimas en base al origen de la violencia que han padecido. Por ejemplo, la violencia policial del 3 de Marzo de 1976 no tiene un espacio reservado y destacado en un centro que se erige en la ciudad donde ocurrieron esos trágicos hechos. Esta segregación entre víctimas de diferentes vulneraciones de derechos humanos resulta inaceptable desde un punto de vista ético y político.

Este centro no responde a la voluntad de promover el respeto a los derechos humanos o la convivencia. Responde a la tradicional «política antiterrorista». Es un epílogo a las políticas antiinsurgentes que tantas violaciones de derechos han provocado en Euskal Herria. Una violencia que sigue impune. Sin ir más lejos, estos días para opinar sobre los indultos a los presos políticos catalanes se consulta a Rafael Vera y a José Barrionuevo, dirigentes de los GAL de la mano del PSOE e indultados por el PP de José María Aznar, y ambos criminales tienen la desfachatez de demandar que no se libere a los líderes catalanes porque sus casos son «totalmente diferentes». Claro, los catalanes pusieron urnas siguiendo un mandato democrático y ellos utilizaron los aparatos del Estado para secuestrar y matar, sin juicio previo y financiándose con dinero público.

Este es el nivel de impunidad sobre el que el Estado español quiere levantar un memorial sobre la violencia política. Cuenta con la colaboración necesaria de las administraciones vascas, incapaces de establecer un verdadero suelo ético común. Que no se segregue a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. sean quienes sean, debería ser un principio básico. La solución pasa por una memoria integral que incluya todas las violaciones de derechos humanos. Lo demás es propaganda policial. Es blanquear una violencia, la suya.