El Parlamento danés aprobó ayer una ley que permite crear centros de acogida en el extranjero a los que se trasladará a los solicitantes de asilo que lleguen a Dinamarca mientras se tramitan sus peticiones. Después, en caso de que obtengan el estatus, se quedarán como refugiados en ese tercer país. Una mayoría holgada de 70 votos, todo el espectro de la derecha y el gobernante Partido Socialdemócrata, respaldó la nueva norma frente a los 24 votos que reunieron sus detractores. Un proyecto polémico que ha sido criticado desde la izquierda, las ONG y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, por no cumplir las obligaciones internacionales hacia los solicitantes de asilo.

Además de vulnerar compromisos internacionales, esta ley lanza un claro mensaje político al mundo al señalar que el Gobierno de Dinamarca no quiere refugiados en su territorio. Esta decisión puede provocar un efecto en cascada y agravar todavía más la precaria situación de las personas que buscan asilo en el mundo, la mayoría de las cuales se encuentran atrapadas, no en Europa, sino en países en desarrollo. No obstante, la principal novedad de esta ley es que da un paso más allá en la política de externalización de la gestión migratoria y de fronteras de la Unión Europea. Y ello a pesar de que Dinamarca no participa en el euro ni en las políticas de seguridad, defensa común y justicia, después de que en 1992 rechazara en referéndum el Tratado de Maastricht y la UE se viera obligada a hacer esas concesiones para que fuera finalmente aprobado, por lo que la aversión hacia el migrante tiene larga tradición.

Deshacerse, aunque sea educadamente, de las personas que sufren persecución, además de ser una política egoísta y miope, socava derechos humanos fundamentales y no tiene justificación ética. Estas leyes lo único que revelan es que el racismo, la ignorancia y el miedo al pobre y al extranjero parecen formar parte, por desgracia, de la construcción europea más que los derechos humanos.