La política penitenciaria que el Estado español aplica a los disidentes está pensada desde la represión y el negacionismo, y es contraria a los derechos humanos. Estos son universales y deberían ser vinculantes en un Estado de Derecho. Los condicionantes que se plantean siempre actúan contra esos derechos. Si se quiere argumentar desde los derechos humanos, no sirven las excusas. Ni en nombre de la democracia ni en el de la revolución.

Eso no anula la crítica política, ni el análisis histórico ni la constatación de los desequilibrios de poder y sus efectos materiales sobre todo el mundo. Tampoco elimina las paradojas sobre derechos que colisionan, ni las diversas escalas de valores sobre las que las personas y comunidades organizan sus ideologías e instituciones. No se debe negar el hecho de que los estados y esas instituciones tienen una responsabilidad superior a la individual. Constatar que si se quiere argumentar desde los derechos humanos no están permitidos «los peros», limita o señala la hipocresía, lo que no es poco.

Es urgente y sería muy positivo

Tal y como explica hoy en una entrevista su portavoz, Joseba Azkarraga, Sare propone cambiar de fase en relación a los presos y presas vascas. Se cumplen diez años desde la Conferencia de Aiete y solo ahora ha empezado a atenuarse el maltrato sistemático, general e institucionalizado que se ha dado a los presos y presas políticas vascas. Se están dando pasos para revertir las partes más lesivas e inhumanas de esta actitud represiva. Estos cambios suponen un alivio para las personas encarceladas y especialmente para los y las familiares, algo que no se debe minusvalorar. No obstante, son movimientos tímidos, demasiado. Son parciales, tardíos y lentos, lo que los convierten en moralmente pobres y políticamente poco inteligentes, arriesgados a medio plazo.

Por eso, tras ese primer alivio humano, es hora de acelerar el cambio de fase. De una política antiinsurgente que fue precursora de «la guerra contra el terror», hay que transitar a toda velocidad hacia las Reglas Mandela, dictadas por la ONU para instaurar un trato digno a las personas en prisión. Estas normas deben quedar establecidas como principios generales de la política penitenciaria en el contexto europeo. Existe una mayoría política y social para ello. De ahí, a través de una aplicación de la ley ordinaria, los presos y presas vascas deben ir saliendo a la calle. Cuanto antes, mejor.

Se dan todas las condiciones

Esto supondría cerrar una época histórica marcada por la violencia y por una espiral de crueldad que ha querido hacer de la venganza un valor. En 2021, en medio de Europa, ¿quién no quiere basar sus políticas en los derechos humanos? ¿Se pueden poner más condiciones de las que marca la ley para garantizar la libertad de un preso? ¿Se pueden justificar políticas que prioricen la venganza sobre la convivencia? ¿En qué lugar quedan quienes defienden una ley del Talión ilegal frente a una aplicación ordinaria de la legislación?

Este cambio supondría una aportación relevante a la convivencia en Euskal Herria. La comunidad internacional valoraría que, aunque sea tarde, los estados cumplan sus compromisos. Todo indica, por más que los reaccionarios recurran habitualmente a este esquema del pasado y lo utilicen como arma arrojadiza, que la sociedad española es mayoritariamente ajena a este debate. Las víctimas de ETA, tal y como se está viendo, son plurales, y en ningún caso deben marcar la política.

Además, se cumplen todas las condiciones para que así sea. De hecho, hoy por hoy, si no se les diese un tratamiento excepcional, propio de un contexto bélico, el 90% de ese colectivo debería estar en esa otra fase, con permisos y libertades, y en muchos casos totalmente libres. En el caso de las personas mayores o enfermas, mantener este régimen y estas condenas es inhumano y peligroso. Lo mismo con las cadenas perpetuas encubiertas. Hace unos meses José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo español, recordaba en estas páginas que «una pena de cumplimiento íntegro de más de 20 años es inhumana y entra en colisión con los tratados internacionales». Aún quedarían algunos casos, y sin embargo se podrían gestionar de manera inteligente y legal. Para lograr un futuro en el que se garanticen todos los derechos humanos de todas las personas hace falta voluntad política. No hay excusas válidas para no trabajar por ello.