El Gobierno francés, a través de su Alto Comisionado de Planificación, François Bayrou, acaba de anunciar que se está planteando suspender a aquellos médicos que rechacen ser inmunizados con alguna de las vacunas contra la covid-19. Puede sorprender que facultativos que basan su trabajo en la ciencia den la espalda a esos mismos avances científicos, pero no es la primera vez que ocurre. De hecho, el propio Ejecutivo francés ha necesitado años para abandonar públicamente la vía de la homeopatía como medicina alternativa a pesar de que hacía décadas que la ciencia había alertado de que los preparados de azúcar no tenían ningún efecto más allá del placebo. Por increíble que parezca, médicos con años de estudios universitarios siguen recetando estos productos que, afortunadamente, a partir de este año ya no se encuentran en la lista de medicamentos financiados por la Seguridad Social. Sería interesante conocer si se trata de los mismos facultativos que ahora se oponen a la vacuna y a los que París se plantea aplicarles una sanción por un delito de omisión de socorro. Pero lo que no quiere contemplar el Gobierno es que ha sido su propia gestión de la información, como la del resto de ejecutivos del entorno, la que ha favorecido que se propaguen como la peste la suspicacia, la desconfianza y las teorías conspiranoicas. Y eso sí que tiene delito, poco remedio y ninguna sanción.