El procedimiento abierto por Bruselas contra Hungría está motivado por la polémica ley aprobada recientemente que prohíbe hablar de homosexualidad en los colegios y en los medios de comunicación, mientras que el de Polonia se debe a la declaración de «zonas libres de ideología LGBT».

En un comunicado, la Comisión Europea destacó que estos expedientes están relacionados con «la igualdad y la protección de los derechos fundamentales» en esos Estados miembros.

El pasado 23 de junio, Hungría publicó una ley que ya ha recibido duras críticas de las instituciones comunitarias y de gran parte de los socios de la Unión debido a que impone medidas restrictivas y discriminatorias contra la comunidad LGTBIQ+.

Como recordó la Comisión, la norma «prohíbe o limita el acceso de las personas menores de dieciocho años a contenidos que promuevan o expongan la denominada ‘divergencia con respecto a la identidad personal correspondiente al sexo en el momento del nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad’».

Tras señalar que la protección de los menores es «un interés público legítimo que la UE comparte y persigue», recalcó que Hungría no ha logrado explicar el motivo de que la exposición a contenido LGTBIQ+ «como tal sea perjudicial para su bienestar o no esté en línea con el mejor interés» de los menores.

Por tanto, la Comisión considera que esa legislación vulnera «una serie de normas de la UE» ya que viola la dignidad humana, la libertad de expresión y de información, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la no discriminación.

En lo que respecta a Polonia, el expediente se abrió porque, desde 2019, municipios y regiones han adoptado resoluciones sobre la creación de «zonas libres de ideología LGBT». A Bruselas le preocupa que esas declaraciones violen el Derecho comunitario en lo relativo a la no discriminación por motivos de orientación sexual.

En febrero, la Comisión Europea pidió más datos para analizar la cuestión pero, por el momento, Varsovia no ha facilitado la información requerida.