El pasado 1 de febrero, el Ejército de Myanmar depuso al Gobierno liderado por Aung San Suu Kyi, tomando el mando una Junta Militar liderada por Min Aung Hlaing. Cuando se cumple medio año del golpe de Estado, el país asiático se encuentra al borde del «colapso total», según alerta Manny Maung, de la ONG Human Rights Watch. «La población está exhausta por meses de resistencia a la junta y por una ola de coronavirus sin precedentes», añade.

Myanmar carece de oxígeno, test y vacunas, y numerosos enfermos prefieren tratarse en casa, o incluso morir allí, antes que ir a los hospitales, controlados por el Ejército. También escasean los profesionales sanitarios, en huelga desde el golpe, muchos de los cuales han abandonado sus puestos.

El sistema de salud no es el único afectado por esta campaña de desobediencia civil. La banca y otros sectores económicos están paralizados por miles de huelguistas, muchos huidos.

En medio del caos, la represión no cesa. Desde febrero, casi 940 civiles han muerto, entre ellos decenas de menores, y 5.400 han sido encarcelados y se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ante el repunte del virus.

Su detención en centros hacinados «puede transformarse en una condena a muerte» con la epidemia, advirtió recientemente el relator de Naciones Unidas para Myanmar, Tom Andrews. Las ONG también denuncian casos de torturas, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales.

Entre la oposición al régimen, las manifestaciones dejaron paso a una respuesta armada liderada por milicias ciudadanas. Los diferentes movimientos son autónomos entre ellos, manteniendo abierto un amplio abanico de frentes. Sin embargo, «hay un espíritu de fuerte unidad contra el Ejército y por una Birmania federal. Esto es totalmente nuevo en el país», apunta Françoise Nicolas, directora para Asia del Instituto Francés de Relaciones Internacionales.

Pero si en el plano militar la junta se ha visto desestabilizada por los insurgentes, en el económico mantiene su poder. Su administración gestiona numerosas empresas y desde el golpe retomó el control del gas natural, que supone unas rentas anuales de alrededor de 1.000 millones de dólares.

Para que se produzca un cambio, «las organizaciones internacionales, sobre todo las de la ONU, deben incrementar la presión», argumenta Nicolas.