El Gobierno de Lakua asumirá en octubre la gestión de prisiones y se ha puesto manos a la obra anunciando un auténtico cambio de modelo, en el que incluye la potenciación de la justicia restaurativa o el impuso al régimen de semilibertad entre otros aspectos. Lo hace porque es ahora cuando puede hacerlo al haber conseguido la competencia. También porque no puede ser ajeno a la evidencia de que ha pasado ya una década desde el fin de los atentados de ETA y tres desde su fin de ciclo. Y además, lo afronta porque entiende que el modelo imperante en el Estado ni es eficaz, ni humanitario, ni muchas veces ni siquiera legal.

Ese espíritu transformador, a falta de materializarse, hace más llamativa la pervivencia de todos los viejos –y malos– modos en una cuestión paralela a la carcelaria: la policial. Basándose en el trabajo de la revista ‘Erria’ de Iratzar Fundazioa, GARA recogió ayer algunos aspectos internos y externos que certifican y a la vez explican por qué la Ertzaintza sigue anclada en un modelo básicamente represivo, reactivo y a menudo sectario, incluso con preocupantes detalles de involución en los últimos meses como las conexiones con la ultraderecha española. Y publica hoy un repaso de cómo se abordó esa transición en dos puntos diferentes del planeta que bien podrían servir de referencia a Euskal Herria: el norte de Irlanda y Uruguay.

En ambos casos la transformación del modelo policial tuvo una palanca externa: el cambio de Gobierno en Uruguay, el acuerdo de paz en Irlanda. Al Ejecutivo de la CAV no le hace falta tal acicate. Por un lado, hay una continuidad histórica en la gestión de la Ertzaintza que debería facilitarle el tránsito a otro tipo de policía. Por otro, no está atado por una obligación legal pero sí motivado por la consciencia general de que ese cuerpo no puede actuar ahora como hace 20 años. Se trata, además, de una de esas cuestiones que si no se abordan en el tiempo debido solo acaban empeorando, como se está intuyendo ya.