Gracias a un acuerdo con la Fiscalía y las familias de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, los dos trabajadores que fueron sepultados por el derrumbe del vertedero de Zaldibar, tres responsables de Verter han aceptado una pena de seis meses por «homicidio por imprudencia» y no tendrán que ingresar en prisión. El dueño de la empresa, José Ignacio Barinaga, y otros dos cargos de la misma aceptan ser autores de un delito contra la seguridad de los trabajadores y de dos «homicidios por imprudencia grave». Hay un segundo juicio pendiente, un proceso que continúa en fase de instrucción y que juzgará los delitos medioambientales.

Antes de nada, hay que contemplar y respetar las razones que han llevado a las familias a aceptar este trato. El sufrimiento que han padecido, que en ambos casos es tremendo, pero que en el caso de Joaquín Beltrán tiene el agravante de que su cuerpo no pudo ser encontrado, les obliga a tomar las decisiones que mejor puedan gestionar para llevar adelante este complicado duelo.

Esto no evita la valoración del proceso. La admisión de estos delitos por parte de los responsables de la empresa demuestra los fallos en el control que debía llevar la Administración pública sobre el vertedero. La seguridad de los trabajadores no estaba garantizada y la forma de explotar el vertedero podía provocar accidentes tan graves como el que sucedió. Era una infraestructura que el sector de la construcción y los transportistas de residuos consideraban un absoluto descontrol.

Había informes que alertaban de diversos problemas. Las irregularidades que llevaron al derrumbe se habían detectado, pero no se subsanaron ni se pidieron cuentas a la empresa. Una empresa de cuyo jefe era amigo el político responsable de vigilarla, Iñaki Arriola. Barinaga era además socio del entonces presidente de la Agencia Vasca del Agua URA, Ernesto Martínez de Cabredo. La reacción del Ejecutivo Urkullu tras el derrumbe resultó errática, histérica y plagada de errores, en parte por la desinformación y el descontrol de esa Consejería.

Esto no impidió que, cuando PNV y PSE ganaron las elecciones, los de Idoia Mendia mantuviesen a Arriola en la plancha para el nuevo Gobierno, ni que Urkullu lo aceptase pese a todo. Claro que Arriola cambiaba de Departamento y se llevaba consigo a Martínez de Cabredo. Ambos gestos son un buen ejemplo de por qué la ciudadanía sospecha de algunos políticos.

Enfermedades extendidas difíciles de atajar

El proceso judicial por las irregularidades en las OPE de Osakidetza está en otro punto. La jueza ha decidido imputar a nueve personas más, entre los que hay opositores y miembros de tribunal. Con estos son ya veinte los investigados en un proceso que salpica a seis especialidades médicas: Traumatología, Neurocirugía, Anestesia, Neurofisiología, Angiología y Cardiología.

Al parecer, más que irregularidades en un examen se trataría de un sistema muy extendido. Es tan simultáneo y se da en tantas áreas que resulta difícil de creer que esto solo ha ocurrido en esta ocasión y que los máximos responsables de Osakidetza no tenían ningún tipo de sospecha de estas irregularidades.

Sin embargo, la jueza no ve razones para encausar al exconsejero de Salud Jon Darpón y a la ex directora general de Osakidetza María Jesús Múgica. Ambos dimitieron a causa de este escándalo. Darpón pasó inmediatamente al sector privado de la medicina. Sufrió un reproche público que derivó en un premio económico.

Menos hablar de ética y más dar ejemplo

Llegados a este punto, no hay que descartar que en ambos escándalos los responsables políticos no sean condenados. Aunque quede demostrado que, como mínimo, los responsables del PSE no ejercieron la tutela necesaria y que esto tuvo consecuencias trágicas en Zaldibar. Aunque sea evidente que una red clientelar de las dimensiones que muestra la OPE de Osakidetza no ha podido funcionar sin, cuando menos, la permisividad política de los cargos del PNV.

Incluso si esto es así, la responsabilidad política sobre estas irregularidades y corruptelas será de los partidos, los líderes y las instituciones que delegaron su confianza en estas personas. En el mejor de los casos, estos cometieron errores profesionales graves y no tuvieron la decencia de aceptar su responsabilidad. En el peor, manejaron lo público en su interés y en el de sus amigos, promoviendo un sistema clientelar infecto.