Muerte en el trabajo
Abordamos un nuevo curso político con las secuelas sociales y económicas del covid-19, los sucesos violentos en torno a las restricciones establecidas para neutralizar la pandemia, la polémica instrumental de los ongietorris y el atraco al que nos está sometiendo el oligopolio eléctrico. Estas cuestiones llenan informativos y tertulias. Por contra, otro drama social esta siendo soslayado o minimizado mientras su dimensión se hace inaguantable. Ayer un trabajador moría en Igantzi en un nuevo accidente laboral, convirtiéndose en el número 46 en este año en Euskal Herria. 46 trabajadores muertos en una noria criminal que nadie parece querer frenar, dando la impresión de que estamos llegando a asumir como una especie de canon natural a pagar ligado a la propia existencia del trabajo.
Reconozco que vivimos en una sociedad que enfatiza y dimensiona como noticias determinados sucesos o violaciones de derechos mientras minimiza la importancia otras realidades por mucho que se hayan perdido vidas humanas. Creo que es momento de situar con centralidad reflexiva lo que está sucediendo con la siniestrabilidad laboral, sus causas y el drama que deja en muchísimas familias trabajadoras condenadas a la fría estadística o a un protocolo de información-denuncia tan estéril como hipócrita en demasiadas ocasiones. Tras cada muerte de un trabajador o trabajadora hay una familia, madre, padre, hijas, hermanas..., obligadas a sufrir las consecuencias en silencio y en soledad ante una sociedad que pasa página con una gran rapidez y crueldad. Así pues, las 46 muertes de 2021 y las 636 ocurridas en la década 2010-2020, según datos de LAB, merecen otra reflexión y, también, reconocimiento.
En primer lugar es básico situar el problema. ¿Estamos ante un cúmulo de casualidades, fatalidades y errores humanos o ante una violencia de carácter estructural? Evidentemente habrá fatalidades y errores humanos pero lo que está sucediendo está intrínsecamente ligado a un sistema económico (capitalismo neoliberal) y toda la estructura normativa que regula las relaciones laborales. Precariedad, subcontratación, ritmos o condiciones de trabajo, escasas inversiones en seguridad laboral, falta de inspección eficaz... he ahí el origen de la gran mayoría de accidentes de trabajo. Por tanto, estamos ante un problema de naturaleza estructural en modelo económico y laboral vigente.
En segundo lugar, hagamos una reflexión de cómo reaccionan instituciones, medios de comunicación, empresarios y sindicatos ante las muertes obreras. A nivel institucional, tras los accidentes de trabajo se mezcla el silencio, la indiferencia y/o una rutina estéril de inspección sin consecuencias. El suceso mortal pasa a la estadística y la tragedia familiar tras cada muerte no es considerada ni mucho menos reconocida desde los diferentes espacios institucionales. No hay, salvo excepciones, declaraciones de partidos, ni muestras de solidaridad o empatía ante unas muertes en su mayoría evitables. Es decir, ese arco institucional político trata las muertes de los trabajadores como si fueran, más o menos, meros accidentes de tráfico.
En relación a los empresarios, no percibimos ni empatía por la situación ni responsabilidad en abordar cuestiones claves que se convierten en el origen de la siniestrabilidad laboral, pues en muchos casos son reacios a invertir en seguridad, empleo de calidad y condiciones de trabajo ya que, incidiendo en los costos laborales, afectaría a sus ganancias. Así pues, se sitúan como espectador pasivo ante una administración que no le obliga a responder a esas fuentes de siniestrabilidad antes citadas.
En el ámbito mediático, el protocolo establecido es repetitivo y sin una profundización que provoque un mayor grado de centralidad ni sensibilidad social. En la mayoría de las ocasiones son dos los flashes: cuando ocurre el suceso en primera instancia y, posteriormente, cuando los sindicatos realizan una denuncia del hecho. Dos momentos que quedan rápidamente aislados o sin impacto social relevante. No existe acercamiento alguno a la víctima y su familia. Son invisibles o ignorados y, eso sí, abandonados a un futuro de dolor, de incertidumbre, y a la batalla por conseguir la posible indemnización económica. ¿No merecen los trabajadores muertos un reconocimiento social sustancialmente diferente y sus familias una consideración institucional y social, también, cualitativamente diferente? ¿Los medios de comunicación no tendrían que abordar con más tenacidad y persistencia este tema dándole una centralidad similar a la de la violencia de género?
En lo que respecta al sindicalismo, debemos considerar dos cuestiones de diferente naturaleza. Por un lado, la mayor importancia que ha ido adquiriendo en el seno de nuestras organizaciones la seguridad y la salud laboral en la reivindicaciones ligadas a las condiciones laborales; cuestión básica para influir en los orígenes de los hechos. Pero, por otro lado, entiendo que necesitamos implementar un protocolo de respuesta más ambicioso e impactante socialmente. La clásica concentración post-accidente laboral ha quedado raquitizada y neutralizada por la propia cadena comunicativa no siendo suficientemente eficaz para la implementación del indispensable debate social y político tras cada muerte obrera.
Así pues, tanto el sindicalismo abertzale como la izquierda independentista tienen que implementar un salto cualitativo en las iniciativas y mecanismos de respuesta en sus diferentes espacios: empresa afectada, pueblo o barrio de la persona trabajadora fallecida, institución municipal... llevando la solidaridad y la denuncia con mayor fuerza y eficacia. Necesitamos dar un paso adelante y superar esta especie de amnesia colectiva ante una siniestrabilidad y salud laboral que, además de muertes directas, deja muchas incapacidades, enfermedades crónicas... que tienen que adquirir una mayor centralidad y respuesta social. Al igual que sobre otro tipo de violencias es imprescindible establecer fórmulas y activar dinámicas para detener este drama humano y social. Es hora de exigir, primero, el reconocimiento de una evidencia soslayada en buena medida tanto en el ámbito laboral y empresarial como en el social e institucional; segundo, de aplicar la reparación equitativa al daño causado y, tercero, de transformar el modelo de relaciones laborales y los mecanismos de control que garanticen su no repetición.
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