Esta semana hemos recibido en Euskal Herria la visita del ahora conocido diputado bretón Paul Molac. Tal y como afirmó él mismo en el curso de verano organizado por la EHU-UPV en Donostia, el Gobierno francés, y especialmente su ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, están continuamente haciéndole «publicidad» con su empecinada lucha contra las lenguas minorizadas del Estado que le llevó a impugnar, a través de 61 de los diputados de su partido, uno de los artículos de la ley que lleva el nombre del diputado, votada en la Asamblea Nacional francesa el 9 de abril

Aunque fue el artículo sobre la financiación de la enseñanza en el sistema inmersivo el que fue recurrido, la decisión del Consejo Constitucional estableció que es el propio sistema inmersivo, que ofrece la enseñanza completamente en la lengua minorizada, (como el que ofrecen las ikastolas de Seaska), el que es anticonstitucional.

Esto causó una conmoción entre los defensores del euskara y de las otras lenguas minorizadas del Estado francés. Pero, aunque la sentencia del Constitucional es del 21 de mayo, en este inicio de curso se ha implantado el sistema inmersivo en tres escuelas vascas más, y se ha abierto una ikastola con la aprobación de la Educación Nacional francesa. También se consideró anticonstitucional el uso de los signos diacríticos, como el de la “ñ”, ya que no existen en el idioma francés.

¿Cómo recibió la noticia de que parte de la ley que había presentado usted había sido recurrida ante el Consejo Constitucional?

Primero me enteré de que varios diputados estaban preparando un recurso, lo que no sabía todavía era que se trataba de una instrumentalización por parte del ministro de Educación, con el desprecio a nuestras instituciones. El Gobierno había dicho que no pondría un recurso, y se permitió poner uno, situando a todo el mundo ante un hecho consumado. Se supo que había sido su consejera parlamentaria la que lo redactó, por lo que hay un abuso de poder.

Sabiendo que no tenemos amigos en el Consejo Constitucional, y que tiene una interpretación muy estrecha y jacobina del artículo 2 de la Constitución, en el que se dice que la lengua de la República es el francés, podíamos estar un poco preocupados. Sabíamos que iban a cambiar algo. Podían haber aprovechado la ocasión para cambiar la idea preconcebida, y mirar a la inscripción del artículo 75-1 en la Constitución en el año 2008, según el cual las lenguas regionales forman parte del patrimonio de Francia. El Consejo Constitucional podría haber revisado su interpretación, pero se quedó exactamente en la misma, como si la revisión de 2008 no existiese.

Finalmente, validó la mayor parte de la ley, incluido el artículo por el cual fue interrogado, es decir, el pago escolar para las escuelas asociativas. En cambio, anuló los signos diacríticos y el método por inmersión. Esto supone un problema jurídico, porque hoy en día los contratos que se hacen con las escuelas asociativas como Diwan, Seaska… permiten pagar a los profesores y si se les quita estarían obligadas a cerrar. En las escuelas de la enseñanza pública en donde se ofrece el sistema de inmersión también se cuestiona.

Es una decisión sorprendente, porque pone en entredicho 60 años de práctica pedagógica. Que una institución de la República impugne un método pedagógico es un poco extraño. Son juristas, no son pedagogos. Supone hacer un juicio político, de tipo nacionalista francés en cierta forma, sobre un método pedagógico. Ya como principio es algo chocante.

La reacción ante esta decisión fue enorme.

Sí, la reacción fue muy grande porque la idea era meter en vereda a las escuelas asociativas, y esto dio miedo a todos los defensores de las lenguas regionales, a las decenas de miles de personas que salieron a las calles. Eso el poder ejecutivo no puede no tenerlo en cuenta, porque es el responsable de la cohesión social y del orden público. Creo que las decisiones de no impedir que se siga con la experimentación de la inmersión en el sector público en el País Vasco –ya que se han abierto tres escuelas en inmersión– y la de mantener el contrato con las escuelas asociativas, tienen en cuenta ese problema de orden público.

Y también hay que decir que ningún pedagogo o ninguna persona que nos mire desde el extranjero puede entender tal decisión. Francia es una excepción en lo que respecta a la libertad lingüístca, a los Derechos Humanos ligados a ella, al carácter propio que tienen las escuelas asociativas. Es extraño también respecto al derecho.

También ha declarado que la proximidad de las elecciones presidenciales de 2022 ha tenido efecto en esta decisión de no tener en cuenta el veredicto.

Esta crisis política la ha creado el Consejo Constitucional. Se ve claramente que la campaña ha comenzado, si uno dice que está contra las lenguas, puede ser un problema, porque en la segunda vuelta todo es posible. No es cuestión de disgustar a los defensores de la lenguas porque sus votos pueden ser decisivos.

También creo que la decisión del Constitucional no se ha tenido en cuenta porque está totalmente desfasada con la sociedad actual. Incluso las personas que no defienden las lenguas regionales no entienden cómo se puede seguir tratando de ahogarlas. El problema de fondo, y que es importante, es que en Francia hemos pasado de una situación de plurilingüismo a una de monolingüismo. La Unesco ha hecho un llamamiento a la vigilancia al Gobierno francés, al advertir de que las lenguas regionales están en grave riesgo de extinción, por lo que ya es hora de reequilibrar las cosas. Todo esto ocurre por razones de orden ideológico.

Se trata de los Derechos Humanos y de lo que se espera de un Estado. Creo que hay dos ideas que se oponen: la estáticam que está representada por el Consejo Constitucional, y otra, que está representada por los diputados y los senadores que han votado esta ley, y también por el Gobierno, que no pone en marcha la decisión del Consejo Constitucional al entender que eso, hoy en día, es imposible.

Usted ha declarado reiteradamente que está a favor del cambio de la Constitución para salir de la situación actual tras la decisión del Constitucional.

Sí, porque esta decisión no es duradera. Se ve claramente que habrá que solucionar el problema jurídicamente. Por eso habrá que cambiar la Constitución, en el artículo 75-1. Se podría añadir al artículo que la enseñanza en las lenguas regionales está determinada por la ley, por lo tanto el sistema por inmersión sería constitucional. Y así el Consejo Constitucional no podrá apoyarse en su interpretación para atacar las escuelas inmersivas y el método de inmersión en general, incluido en la enseñanza pública.

¿Cree que es posible hacerlo antes de las elecciones presidenciales?

Sería posible si hubiese un consenso sobre ello, y sería necesario que el proceso lo comenzase el presidente de la República. Así sería mucho más simple, porque si no es necesario un referéndum. Hay tiempo para hacerlo. De todas maneras vamos a aprovechar la campaña electoral para preguntar a todos los candidatos a la presidencia.

¿Le parece a usted que hay un cambio en la sociedad respecto a las lenguas minorizadas?

Indudablemente. Yo lo veo en Bretaña, ligado a la “ñ”, en donde el pequeño Fañch no tiene derecho a escribir su nombre con “ñ”. Hace 30 años los ciudadanos habrían dicho que no era nada grave, ya que con “ñ” o sin ella, cada uno lo pronuncia como quiera, y no merece la pena molestar a la administración con eso. Hoy en día lo que nos dicen es: «¿La administración no tiene otra cosa que hacer que fastidiar con eso?».

Hoy en día se ha dado la vuelta. Los ciudadanos no entienden la política anti lenguas regionales de las altas esferas de la administración ya que estiman que las lenguas regionales no son una amenaza sino un enriquecimiento. Ven que ayudan a aprender otra lengua y que ayudan a aprender el francés, algo que se ve en las evaluaciones que se han hecho. Por ejemplo, cuando los alumnos que han recibido la enseñanza en inmersión 100% en vasco en preescolar llegan a Primaria, tienen un nivel de francés mejor que los otros.

Los parlamentarios han entendido bien que había que votar la ley. Yo soy un diputado de la oposición, y es raro que la oposición llegue a aprobar una ley, hay que recordar que fue por 247 votos a favor y 76 contra. No cabe duda en el resultado. Entre los periodistas, y en particular entre los parisinos, se ha visto claramente el cambio de mentalidad respecto a ello, por lo que tan solo queda la «tecnoestructura» parisina.

¿Tal vez tienen miedo de dicho cambio?

Hay una visión de que las lenguas acarrean ciertas ideas políticas, y sabemos que eso no es verdad. No porque uno aprenda el bretón se va a convertir en independentista bretón, y no porque uno aprenda francés va a estar a favor del Frexit, y de que Francia se vaya de la Unión Europea. Las lenguas no determinan la visión que se puede tener del mundo.

En Bretaña están preparando una movilización para octubre.

Habrá una manifestación en Bretaña el 16 de octubre, e invito a los otros a hacer lo mismo en sus territorios, y sobre todo a no dejar que las cosas se estanquen. La campaña ya ha comenzado y, evidentemente, hay que llevar el tema de las lenguas regionales a la campaña.