La llegada de migrantes a EEUU, principalmente de Haití, ha desbordado a la Administración de Joe Biden. Los intentos de frenar su entrada en el país con guardias a caballo que blandían fustas han dado la vuelta al mundo. Desde la ONU hasta el periódico oficial del Vaticano, “L'Osservatore Romano” han criticado una actuación que no respeta ni los derechos humanos ni la dignidad de las personas; y mucho menos el derecho de asilo, ya que los inmigrantes están siendo deportados sin permitirles siquiera cumplimentar una petición.

Ese trato inhumano provocó ayer la dimisión del enviado especial de EEUU a Haití, Daniel Foote. Además, la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, responsable de los temas de migración del Ejecutivo de Biden, informó de una llamada suya al secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, para expresarle su preocupación por lo que estaba ocurriendo. Un movimiento inusual, ya que el Gobierno no suele informar sobre conversaciones entre miembros del gabinete, lo que deja entrever las fuertes tensiones que ha provocado la crisis en el seno del Ejecutivo. A pesar de ello, no da la impresión de que vaya a modificar su política. Ayer mismo se filtró que EEUU plantea reabrir el centro de detención de migrantes de la base naval de la bahía de Guantánamo en Cuba, cerrado desde 2017. El departamento de Seguridad Nacional se esforzó en negar cualquier relación con la crisis actual. Un intento vano cuando no se respetan los derechos de las personas y la apuesta represiva es tan clara.

A pesar de erigirse en los adalides de los derechos humanos en todo el mundo, ni los gobiernos europeos ni el estadounidense están mostrando la más mínimo consideración hacia los derechos que asisten a las personas refugiadas y migrantes que llegan a sus fronteras. Establecer cauces de migración seguros y respetuosos con los derechos de las personas es una prioridad inaplazable para evitar más violencia, desesperación y muerte.