Rodrigo Granda, negociador plenipotenciario de las FARC en las negociaciones de paz colombianas, fue detenido ayer en el aeropuerto de México –venía de su propio país–, en virtud de una extemporánea orden de arresto emitida por Paraguay hace años. El buen hacer de Cuba y Noruega, garantes de los acuerdos de paz, junto a la rápida reacción de las propias autoridades mexicanas, hizo que todo quedase en un desafortunado incidente. Sin embargo, no deja de ser un recordatorio: los enemigos de la paz existen, disponen de muchos medios a su alcance y no dudan en utilizarlos, poniendo en riesgo procesos concretos y creando graves precedentes en el ámbito de la resolución de conflictos.

Esto, que es cierto en el caso colombiano, donde hubo negociaciones formales y acuerdo firmado, es si cabe más palmario en un proceso como el vasco, que ha tenido que abrirse camino en un terreno inexplorado, de forma unilateral, por la irresponsable incomparecencia de la parte española. Basta recordar que de los tres negociadores que ETA envió a Noruega en 2011, solo uno está en la calle sin causas pendientes. Facilitar la tarea de los interlocutores en procesos de paz es condición indispensable para abordar la resolución de conflictos, no hace falta estudiar diplomacia ni nada parecido para saberlo. El mensaje parece que ha empezado a calar en la judicatura francesa, que absolvió a Josu Urrutikoetxea de una de sus causas pendientes apuntando que participar en un proceso de negociación no implica delito alguno. Pero el Estado español se muestra impermeable, y no solo sus estamentos más retrógrados. Los enemigos de la paz campan por doquier.

Luego están quienes, por tacticismo partidista y en base a premisas falsas, se alinean siempre junto a los enemigos confesos de las resoluciones democráticas. Paradójicamente, una encuesta de EiTB que suele apuntalar las tesis gubernamentales demostraba, sin querer, que el consenso social realmente existente es más honesto, plural y potencialmente constructivo que ciertos discursos oficiales.