El Parlamento polaco tiene previsto debatir el 28 y 29 de octubre una reforma para restringir la educación sexual, promovida por las mismas asociaciones ultra católicas que impulsaron la prohibición del aborto hace un año y cuyo trámite parlamentario respalda el Gobierno.

El titular polaco de Educación, Przemyslaw Czarnek, ha prometido «hacer las escuelas más decentes» y no permitir, por ejemplo, menciones a «géneros no biológicos» en los libros de texto.

El ministro respalda incorporar «la visión de la vida y las enseñanzas de (el papa) Juan Pablo II», así como convencer a las niñas de que «tener una carrera» antes que un hijo «es peligroso y no es aquello para lo que fueron llamadas por Dios».

Czarnek fue protagonista de una polémica declaración cuando llamó «desviados» a quienes asistieron a la Marcha del Orgullo de Varsovia.

La fundación «pro vida» y la activista conservadora Kaja Godek proponen la prohibición de reuniones públicas y manifestaciones que defiendan el matrimonio entre personas del mismo sexo o reivindiquen derechos para estas personas, como adoptar niños o que se reconozca su unión legal.

La petición responde a una iniciativa ciudadana que reunió más de cien mil firmas y que pretende impedir que se reivindiquen identidades de género no biológicas o se promueva la actividad sexual de los menores de 18 años.

Se trata del mismo mecanismo legal que utilizaron hace más de un año para intentar conseguir la prohibición total del aborto en Polonia.

En aquella ocasión, y ante la oposición de gran parte de la sociedad polaca, el Ejecutivo decidió que fuese el Tribunal Constitucional el que, en una polémica interpretación, prohibiese abortar, aun cuando exista una alta probabilidad de deterioro grave e irreversible del feto o de nacer con una enfermedad grave o terminal.

Hasta entonces, el 90% de los aproximadamente mil abortos legales que se llevaban a cabo cada año en el país se hacían bajo alguno de esos supuestos. La oleada de protestas, que se prolongó durante más de tres meses, generó una movilización civil sin precedentes y terminó por convertirse en una expresión de resistencia contra la política ultraconservadora del Gobierno.

La activista Małgorzata Kulbaczewska-Figat, organizadora y participante en las protestas Strajk Kobiet (huelga de mujeres), dijo a Efe que, tras la publicación de la sentencia, «los hospitales han dejado de practicar abortos que serían legales hace un año», con casos de fetos con malformaciones o sin esperanza de sobrevivir.

Pero, señaló que, a la vez, «la autoayuda de las mujeres nunca había sido tan fuerte».