Acusado de haber traicionado la revolución de 2019 en Sudán que llevó a derrocar al dictador Omar al-Bashir y bajo la presión y crítica internacional, el general Abdel Fatah al-Burhan justificó ayer el golpe militar con el que ha depuesto a todas las autoridades encargadas del proceso de transición porque «algunos atacaron al Ejército e incitaron contra este componente esencial de la transición».

También afirmó que el primer ministro, Abdalah Hamdok, cuya liberación reclama la comunidad internacional, estaba en la casa del propio general. Defendió su arresto porque estaba «en peligro», fue «protegido» y «va a volver a casa cuando la crisis termine». Economista convertido en la cara civil de una transición compartida con los militares, Hamdok fue arrestado con su esposa, muchos de sus ministros y otros líderes civiles en un golpe con el que culminó la creciente tensión entre civiles y militares, que se resisten a dejar el poder en un país que ha permanecido bajo la autoridad del Ejército casi continuamente desde su independencia.

En una rueda de prensa de casi una hora en forma de monólogo, el general Al-Burhan aseguró que la presencia en el Gobierno de algunos de los políticos detenidos representaba «una amenaza para la unidad nacional o tenía una influencia negativa» en Sudán. A la vez que justifica el golpe, el Ejército reprime con sangre las protestas. Al menos diez personas murieron y 140 resultaron heridas el lunes en las primeras movilizaciones contra el golpe de Estado.

Según la Asociación de Profesionales, que lideró las manifestaciones de 2019, las víctimas fueron alcanzadas por disparos de las Fuerzas de Apoyo Rápido, una antigua milicia acusada de crímenes contra la humanidad y ahora reconvertida en cuerpo militar regular.

La Fuerza de Libertad y el Cambio declaró una campaña de desobediencia civil contra los golpistas y convocó manifestaciones para el próximo sábado, a la vez que difundió imágenes de calles desiertas por todo el país en la jornada de huelga general de ayer. «Vamos a salir a la calle hasta que vuelva a instalarse el Gobierno civil y no vamos a aceptar la alianza con el Ejército», aseguraba Hosham al-Amina, ingeniero de 32 años.

La oficina del depuesto primer ministro atribuyó el golpe a una coalición liderada por el Partido del Congreso Nacional de Al-Bashir y «sus cabecillas en el exterior y el interior», que incluye «milicias variadas, brigadas de oscuridad y líderes políticos de capacidades limitadas, pero con amplios intereses personales».

Presión internacional

Washington ya ha suspendido una ayuda de 700 millones de dólares que había comprometido como «ayuda a la transición» y presiona a los países del Golfo, que tienen una relación estrecha con los militares de Sudán, para «tratar de devolver al país a una senda democrática».

La Unión Europea, por su parte, condenó el golpe y anunció «medidas». Para la troika que forman EEUU, Gran Bretaña y Noruega, que ha tutelado el proceso sudanés, «las acciones de los militares traicionan la revolución y la transición».

Embajadores del Estado francés, Bélgica y Suiza se adhirieron a las protestas y declararon sus Embajadas como de espacios para «la gente y su revolución». El Consejo de Seguridad de la ONU abordó la crisis en una reunión a puerta cerrada.

Aunque la acción exterior no parece afectar a los militares. El mismo domingo, horas antes del golpe, el emisario estadounidense Jeffrey Feltman se había reunido con el general Al-Burhan y con el primer ministro, y ambos se comprometieron con la transición.

Moscú, por su parte, ve en el golpe «el resultado lógico de una política fracasada» acompañada de «una interferencia extranjera de gran magnitud», en un país donde Rusia, EEUU, Arabia Saudí, Turquía o Emiratos Árabes Unidos disputan su influencia, sobre todo por los puertos del mar Rojo, estratégicos para sus flotas en la región.