Los impactos de los megaproyectos liderados por transnacionales son sistemáticamente perniciosos para las mayorías populares y el planeta en su conjunto. Aunque el poder corporativo los categorice como «casos aislados» (al igual que las «manzanas podridas» de Esperanza Aguirre), la realidad es que desde hace décadas tanto organizaciones sociales como relatoras de Naciones Unidas vienen denunciando un patrón de actuación de las grandes empresas que genera precariedad laboral, destrucción de ecosistemas, desplazamientos forzados, apropiación privada de bienes comunes e, incluso, criminalización social y violencia.

Esta afirmación no es por tanto un ejercicio ideológico. Se basa en hechos comprobados y en denuncias que no cesan de aflorar. Prácticas cuya sistematicidad se agudiza en la actualidad, fruto de la competencia extrema provocada por el contexto de crisis, vulnerabilidad ecológica y agotamiento de materiales y fuentes de energía fósil. Prácticas que, a su vez, se amparan en un modelo global de gobernanza que excluye a las grandes corporaciones como sujeto de derecho internacional (solo los Estados lo son), y que ha instaurado una más que evidente asimetría normativa entre derechos colectivos e intereses corporativos. Así, mientras los primeros siguen sufriendo décadas de desregulación neoliberal, los segundos no dejan de reforzarse en base a tratados comerciales y de inversión, contratos internacionales, etc. ofreciendo a las grandes corporaciones el amparo de un marco político-jurídico que les garantiza cuasiimpunidad.

Las empresas vascas internacionalizadas, así como el capital foráneo que opera en Euskal Herria, no escapan a este panorama global. «Nuestras empresas» no son así ni mejores ni peores, operan en este mismo terreno de juego y con claves similares. Las denuncias contra CAF por participar en el tranvía de Jerusalén que atraviesa territorios ocupados; los megaproyectos eólicos e hidroeléctricos en Brasil y México de Iberdrola, bajo acusaciones de abuso de poder, desplazamientos forzados e irrespeto al derecho de consulta previa; la financiación por parte del BBVA del proyecto Hidroituango en Medellín (Colombia), donde se han constatado graves impactos ecológicos y de violencia; el halo de precariedad y destrucción del comercio local que cubre la planta de Amazon en Trápaga (y que se proyecta hacia Oiartzun); el cierre de sucursales de BBVA, Caixa y Santander en nuestros pueblos; los despidos de trabajadoras en ZARA y H&M; o los graves impactos de megainfraestructuras como la Supersur o el TAV, son solo algunos ejemplos de unas prácticas corporativas que también son sistemáticas.

Necesitamos revertir esta realidad, regulando las actuaciones de las grandes empresas de manera democrática y firme. Máxime en un contexto como el actual, en el que nos enfrentamos a grandes retos globales (desigualdades, cambio climático, transición energética, digitalización), cuyo abordaje precisa de nuevas estructuras y dinámicas que primen lo colectivo sobre los beneficios económicos particulares.

No podemos de este modo conformarnos con los tibios relatos hoy vigentes, que apuestan por «respetar, proteger y remediar» en función del marco de derechos humanos, pero sin peso político-jurídico efectivo alguno y, por tanto, sin afectar al poder corporativo; ni con programas de responsabilidad social corporativa que ofrecen compensaciones menores de carácter voluntario a cambio mantener la actual arquitectura de la impunidad; ni tampoco con los nuevos aires que ofrece la «diligencia debida», concepto en boga que plantea un ejercicio de «protección de derechos humanos a la carta», en base a planes unilaterales, más o menos vinculantes, elaborados por las grandes empresas.

Planteamos en consecuencia la necesidad de impulsar un centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos que se inserte en el paradigma de la regulación democrática, siguiendo la estela del Tratado Vinculante en negociación en el seno de Naciones Unidas (cuya sexta sesión se abrió en Ginebra el pasado 25 de octubre), así como de la experiencia hermana del Centro Catalán, iniciativa legislativa ya en fase de debate parlamentario.

Se apuesta de este modo por un nuevo espacio público-social que ofrezca información actualizada sobre las prácticas de las grandes corporaciones que operan en y desde la CAV; que recoja denuncias e instruya de oficio casos desde una lógica pública, trasladándolos a las instancias pertinentes; que acompañe jurídica y psicosocialmente a víctimas y poblaciones afectadas; que plantee cambios sociales en las políticas públicas de internacionalización empresarial y contratación pública; y que, en última instancia, proponga sanciones a las corporaciones que conculquen los derechos humanos.

Bajo estos mimbres, abrimos un período de seis meses para recibir aportes y sumar apoyos. Hacemos un llamado al conjunto de actores sociales, políticos y sindicales, así como al conjunto de la ciudadanía, a sumarse a este primer paso de creación de un centro (ojalá un proceso similar en Nafarroa) que ayude a posicionar un sentido común que parece haberse perdido y debemos recuperar: los derechos de todos y todas están por encima de los intereses corporativos.