El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) hizo público ayer el análisis sobre el cumplimiento en centros de detención y cárceles de la convención europea que en su día el Estado español suscribió. Este octavo informe denuncia, una vez más, las malas prácticas que se mantienen invariables. Constata que persiste el maltrato durante la detención e insiste en la necesidad de eliminar la incomunicación a las personas detenidas. Por otra parte, el informe menciona expresamente el alejamiento y el régimen especial –ambos parcialmente corregidos posteriormente– al que todavía se somete a los presos vascos.

Dos detalles definen la voluntad del Estado de atender a los requerimientos del CPT. En cuanto a la tortura, el Comité recomiendo que los interrogatorios se graben y que los superiores, empezando por el ministro del Interior, trasmitan un mensaje contundente a sus subordinados sobre la ilegalidad de los malos tratos, subrayando que esa práctica será sancionada. La credibilidad de un mensaje así queda en entredicho cuando el ministro del Interior, Grande Marlaska, es el protagonista de más de la mitad de las condenas europeas al Estado por no investigar torturas, todas ellas correspondientes a su etapa como juez de la AN. A propósito de los castigos, no hay más que ver la brillante carrera que han tenido todos los condenados por tortura. El último caso conocido es el del nuevo jefe de la Guardia Civil en el País Valencià que fue condenado por torturas en 1999 y luego exculpado por el Supremo.

En cuanto al mantenimiento de la incomunicación, el argumento que da el Estado español diciendo que se encuentra en una situación de clara desventaja frente a la delincuencia organizada, es simplemente bochornoso. Revela, además, una mentalidad que sitúa la razón de Estado por encima de la defensa de los derechos humanos. En resumidas cuentas, muestra el verdadero Estado autoritario que hay detrás de esa fachada democrática.