La memoria histórica acudió ayer doblemente a la actualidad, debido a sendos proyectos de ley que se debaten en el Parlamento de Gasteiz y en el Congreso español. Aquí, el protagonismo fue para expertos en la materia, que en términos generales consideraron adecuada la propuesta de ley en trámite. Fueron tres voces cualificadas que, no obstante, señalaron algunas carencias. Jon Mirena Landa y José Antonio Pérez recordaron el intolerable obstruccionismo que historiadores y particulares encuentran en los archivos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, en particular en aspectos relacionados con el franquismo. Las trabas no siempre vienen de Madrid, por lo que hay un amplio margen de maniobra dentro de las competencias de la CAV.

Paco Etxeberria mencionó un tema si cabe más complejo, al referirse a la necesidad de que las instituciones públicas debatan y, llegado el caso, asuman y oficialicen lo que los historiadores investigan. La memoria histórica, de lo contrario, corre el riesgo de quedar coja. «Llega un momento en el que alguien tiene que decir ‘efectivamente, esto fue así’», apuntó el reputado doctor en Medicina Forense, quien subrayó el ejemplo de Errenteria, que «sometió al debate legítimo de todos los concejales» la información generada en las investigaciones de historiadores y forenses. Es imposible no acordarse, escuchando a Etxeberria, de ese otro informe dirigido por él mismo, a petición de Lakua, sobre los miles de casos de tortura –4.113 acreditados solo en la CAV–. Se presentó discretamente en 2017 y sigue acumulando polvo en los cajones.

Por otro lado, en Madrid, la mayoría de las fuerzas firmantes de la Declaración de la Llotja de Mar presentaron una batería de enmiendas conjuntas al proyecto de Ley de Memoria Democrática. Un esfuerzo colectivo solidario e internacionalista que no solo se levanta contra la amnesia española, sino que dibuja un horizonte de lucha compartida que tiene más de futuro que de pasado.