A los costes de personal de la Administración Pública los denominan Capítulo 1. Es el primero por ser el más importante, el más cuantioso de todos los gastos que se suman, con la salvedad de las transferencias corrientes. A pagar sueldos se destinaron 1.500 millones de euros de los 4.700 que se gastaron el año pasado en Nafarroa. Y, además, el Capítulo 1 es más que números; es más de 30.000 personas que hacen que la Administración Pública arranque todos los días. Por eso resulta preocupante que el Capítulo 1 sea cada vez más viejo. Es una de las alertas que lanza la Cámara de Comptos en su último informe anual sobre las cuentas públicas del herrialde. La otra advertencia es que el personal cada vez es más inestable y que la temporalidad alcanza cuotas nunca vistas e inaceptables.

Es justo entender que dentro de la Administración Pública exista cierta temporalidad, e incluso que pueda ser superior a la de empresas de gran tamaño. Esto es así porque el funcionariado tiene una serie de derechos laborales –a reducciones de jornada, a excedencias, etc.– que necesariamente tienen que ser compensadas con contratos temporales. Pero esto no explica, ni de lejos, la situación a la que ha llegado la Administración Pública en Nafarroa y sobre la que Comptos (el ente auditor independiente) ha puesto nuevamente la señal de alarma. «El número de vacantes ha aumentado y las necesidades estructurales y permanentes se cubren con personal temporal», sostiene Comptos.

A finales de 2020, en la Administración navarra había 32.000 trabajadores públicos, de los que 17.000 eran temporales. Esto implica que los trabajadores eventuales constituyen a día de hoy el 54% de la plantilla. Y ojo, que de lo que habla Comptos es de una fotografía. En realidad, las personas que dependen de los salarios de la Administración son bastantes más. Y es que alrededor de todas estas plazas también hay otras personas que aguardan en listas una llamada de la Administración para incorporarse por primera vez o reincorporarse.

Para hacerse una idea de qué supone la Administración para el mercado laboral, basta señalar el dato de paro de noviembre, que según el Servicio Navarro de Empleo quedó en 31.702 personas. Hay, por tanto, más personas trabajando directamente en la Administración que en las listas del paro. Y eso sin contar a aquellas que trabajan en empresas instrumentales del Gobierno de Nafarroa, la Corporación Pública Empresarial, que cobran y computan como trabajadores externos.

El deterioro en la estabilidad del empleo público terminó de desbocarse hace no tanto tiempo. En 2015, la temporalidad estaba en el 38% y en solo cinco años se ha incrementado en un 50% más, con la particularidad de que también ha crecido el número de empleados de la Administración, pues en 2015 el total de trabajadores públicos no llegaba a los 27.000.

«El índice de temporalidad es creciente en todos los ámbitos de la ACFN [Administración de la Comunidad Foral de Navarra], si bien es menor en la Administración Núcleo con un 32% en 2020 frente al valor significativamente alto del SNS-O que alcanza el 64%», recoge el informe de los oidores.

Comptos califica como «excesivo y preocupante» que se haya llegado a tal precarización del sector. Asimismo, matiza que en el Departamento de Salud –que de partida era ya donde más temporalidad había– agravó su situación también a causa de las necesidades derivadas de la atención y captación de enfermos covid. El año pasado Osasunbidea tenía un 60%, que a causa de la pandemia aumentó en otros cuatro puntos.

No es solo que el Servicio Navarro de Salud aumente la tasa de trabajadores temporales, sino que cada vez tiene menor cantidad de personal fijo. Así, en el año 2018 había 5.306 sanitarios con plaza fija y, en 2020, este número había bajado hasta los 4.930. El deterioro de los puestos de trabajo en la Sanidad navarra no es, pues, fruto de la epidemia, sino un problema estructural.

La incapacidad de la Administración navarra de cubrir las plazas de funcionario que genera es lo que causa el progresivo envejecimiento de la plantilla.

Solo un 2% de sus empleadas y empleados tiene menos de 30 años (son 256), frente a un 31% (4.534) que está por encima de los 55 años.

En total, un 86% de la plantilla tiene más de 40 años, lo que en un entorno laboral muy dependiente del uso de la informática también marca un cariz muy concreto.

En cuanto al envejecimiento progresivo de los trabajadores y trabajadoras públicas, viene determinado en gran medida por quienes están por encima de los 55 años. Así, en la comparativa con 2018, el grupo de funcionarios que superaban los 55 años estaba en el 26% y, en solo dos años, ha alcanzado el 31%. Esto tiene que ver también con criterios de preferencia en las listas temporales.

Una gran regularización de interinos que tiene sus sombras y que EH Bildu tilda de «parche»

PSOE, Podemos, PNV y ERC pactaron un acuerdo para convertir en fijos a los trabajadores interinos que llevan cinco años en la misma plaza (lo que facilitó el entendimiento fue bajar de los 10 años exigidos en la propuesta inicial a solo 5). Esta no es una solución definitiva, si bien responde a una realidad dada, en tanto que los tribunales están fallando que se debe indemnizar como indefinidos a los eventuales que la Administración Pública despide después de varios años, en caso de que la labor que estuvieran desempeñando no tuviera un carácter temporal sino estructural.

Recientemente un tribunal de Iruñea ha dado un paso más al convertir en fijos a dos trabajadores del servicio de limpiezas de ese Ayuntamiento que llevaban diez años contratados «en abuso de temporalidad». Previamente, a otros exfuncionarios solo se les consideraba indefinidos no fijos.

Que un trabajador de la Administración pase de eventual a fijo no significa que tenga plaza, puesto que esta solo se consigue por oposición y, en un momento determinado, si el puesto que ocupa sale a concurso público, sí que puede ser despedido, indemnización mediante, claro.

EH Bildu es una de las formaciones que se ha opuesto a esta regularización masiva, por considerarla «un parche» que ni soluciona el problema estructural ni cumple con las directrices marcadas por Europa. Además, los diputados de EH Bildu alertan de que el decreto aprobado en Madrid «abre la puerta a posibles despidos y subcontrataciones».

La propuesta del grupo independentista pasaba por la eliminación de la tasa de reposición en los Presupuestos para el año próximo y seguir ofertando plazas hasta que la temporalidad se redujera a un 8%.

58.000 interinos con opción de ser fijos en la CAV, en caso de llevar cinco años en el puesto

En Hego Euskal Herria hay 72.000 trabajadores en situación de interinidad –55.000 en la CAV y 17.000 en Nafarroa–, aunque no todos podrían beneficiarse del acuerdo, ya que quedan fuera aquellas personas que hayan cambiado de puesto en los últimos cinco años. El empleo de un criterio tan simple va a generar situaciones abiertamente injustas, puesto que hay personas que llevan más de cinco años encadenando contratos en un puesto u otro presentándose regularmente a las listas. Y, del lado contrario, en ocasiones que una determinada plaza no salga a concurso y una misma persona la ocupe solo se explica por favoritismos y corruptelas, de las que no está exenta la Administración.

Según los cálculos realizados por Interinok Taldea, tomando como base las estadísticas que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), la CAV sería la comunidad con mayor tasa de temporalidad entre sus trabajadores, lo que afecta a un 38,7% del personal. Interinok Taldea trasladó esto el año pasado a cifras reales, arrojando el dato de unos 58.700 trabajadores interinos o temporales repartidos entre Gobierno, diputaciones, ayuntamientos, organismos dependientes, etc. Aunque, visto el resumen más detallado de Comptos sobre la Administración Pública de Nafarroa, la estimación de este grupo parece quedarse bastante corta.

Únicamente en lo que afecta a la Administración General del Gobierno de Lakua –excluyendo Osakidetza, Educación y Ertzaintza –, la tasa de temporalidad alcanza el 52,2%, llegando al 61,8% en los servicios centrales, y de estos un porcentaje relevante lleva en situación de temporalidad más de 20 años (por ser puestos políticamente delicados, quizás aquí entra el criterio de discrecionalidad y las corruptelas antes citadas).

Según lo acordado por la coalición que gobierna el Estado con PNV y ERC, los méritos que puntuarán para que los eventuales de larga duración pasen a ser considerados fijos serán fijados por cada Administración en una única convocatoria extraordinaria. Y esta norma podrá aprobarse tanto en comisión como en pleno.