De madrugada, la Policía israelí destruyó ayer la casa de una familia palestina en el barrio de Sheij Jarrah, que se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la colonización israelí en Jerusalén Este.

La policía expulsó a los miembros de la familia Salhiya de su casa, amenazada de desalojo desde 2017, y detuvo a 20 personas, entre ellas el padre de familia Mahmoud Salhiya, otros familiares y a seis israelíes que acudieron a apoyarlos.

Su esposa, Meital, relató que fue despertada en medio de la noche con su familia por fuertes estruendos y que la Policía le había cortado la electricidad. «Me sacaron de la casa con mi hija y los otros niños que lloraban y arrestaron a mi esposo y a todos los jóvenes», agregó.

La casa fue derribada después por una excavadora.

El lunes varios miembros de la familia se habían atrincherado con bombonas de gasolina en el tejado, amenazando con inmolarse. Las negociaciones parecían haber alejado el derribo, pero la Policía acordonó la zona a las 03.00 e irrumpió en la vivienda poco después.

Las autoridades israelíes alegan que fue construida ilegalmente en un terreno público en el que edificarán una escuela. Sin embargo, la familia Salhiya señala que ha vivido en el lugar desde los años cincuenta, tras comprar los terrenos a propietarios árabes. Además, eran refugiados que ya habían sido expulsados de su hogar en Jerusalén Occidental en 1948 con la creación del Estado de Israel.

Cientos de familias que han vivido en Jerusalén Este durante décadas se enfrentan a órdenes de desalojo para ubicar en su lugar a colonos judíos. Unos 210.000 israelíes viven en Jerusalén en estas colonias ilegales entre una población de más de 370.000 palestinos con permisos de residencias revocables.

En mayo pasado, las protestas en apoyo de las familias palestinas amenazadas de desalojo en Sheij Jarrah desencadenaron otra escalada de violencia tanto contra Gaza como en Cisjordania y en ciudades israelíes con población palestina.

El ministro de Exteriores palestino, Riyad Al-Maliki, condenó ayer «una guerra despiadada contra el pueblo palestino» y denunció ante la ONU la impunidad de Israel. La ley israelí otorga amplias facilidades a los judíos para reclamar «derechos de propiedad» a la vez que obstaculiza que los palestinos puedan seguir viviendo en su tierra.