El primer ministro británico, Boris Johnson, que el miércoles parecía tener las horas contadas ante la indignación causada en su Partido Conservador por las fiestas organizadas en Downing Street durante el confinamiento, fue rescatado ayer por el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Conor Burns, quien aseguró que los diputados tories descontentos con su liderazgo habían decidido esperar al resultado de la investigación en curso sobre ese escándalo antes de iniciar un proceso para destituirlo. Pero la tregua le duró poco, ya que uno de sus diputados, el díscolo William Wragg, escribió un nuevo capítulo al acusarle de «extorsionar e intimidar» a quienes piden su dimisión o destitución.

Wragg, presidente del comité parlamentario de Administración Pública y Asuntos Constitucionales, pidió a sus compañeros que denuncien cualquier presión ilícita.

«En los últimos días varios miembros del Parlamento sufrieron presiones e intimidación por parte de miembros del Gobierno por su deseo declarado o supuesto de (pedir) un voto de confianza sobre el liderazgo del primer ministro», dijo.

Para Wragg, algunas de esas presiones podrían equivaler a un chantaje, por lo que aquellos que las hayan sufrido deberían ponerlas en conocimiento de la Policía y del presidente de la Cámara de los Comunes.

Wragg es uno de los pocos diputados tories que se han atrevido a pedir la dimisión de Johnson en público y representa la avanzadilla de la oposición interna. El primero en sumarse a su denuncia fue Christian Wakeford, quien el miércoles se convirtió en el primer diputado tránsfuga de la legislatura al pasarse a las filas laboristas. Wakeford dijo que los encargados de la disciplina parlamentaria en el grupo tory le habían amenazado con retirar la financiación para un nuevo colegio en su circunscripción del norte de Inglaterra si no acallaba sus críticas. Johnson, asediado, aseguró ayer que «no ha visto ninguna prueba» de que haya existido extorsión sobre los díscolos. Y pidió que se espere a la conclusión del informe que prepara la alta funcionaria Sue Gray sobre posibles infracciones a las reglas anticovid en su residencia oficial.

Una veintena de diputados trató el miércoles de sacar adelante una iniciativa para alcanzar las 54 cartas –el 15% de los tories– necesarias para convocar una moción de confianza interna y se quedaron a medio camino.