El Gobierno español decidió negociar la reforma laboral directamente con la patronal y el resultado fue acorde a lo que se podía esperar de semejante foro: un cambio cosmético que deja prácticamente intactos los principales cambios introducidos por el Gobierno de Rajoy. Habrá quien argumente que también estaban en la mesa negociadora los sindicatos UGT y CCOO. Cierto, pero eran los convidados de piedra; y lo peor de todo fue que se ciñeron a ese papel cuando decidieron evitar cualquier dinámica movilizadora con la que reforzar la posición negociadora de los trabajadores.

Una vez firmado el acuerdo, el Ejecutivo de Sánchez se ha encontrado con que carece de apoyos suficientes para aprobarlo. Los principales socios de investidura, ERC, EH Bildu y PNV se niegan a avalar una reforma que, entre otras cosas, no respeta los resultados de la negociación colectiva que se alcancen en marco de las naciones sin Estado. Da la impresión de que en vez de negociar para mejorar lo acordado, los partidos de la coalición de gobierno han decidido presionar a sus socios con la amenaza de que la no aprobación será todavía peor, ya que de no salir adelante se estará alimentando las posiciones de la extrema derecha. Una extorsión que se está volviendo cada vez más habitual, pero cuyo enunciado está lejos de ser cierto. Lo que nutre a la derecha no es que se rechace un mal acuerdo, ni mucho menos. Lo que realmente da alas a las posiciones más reaccionarias es que las fuerzas de la izquierda no cumplan sus promesas.

Sea cual fuere el cálculo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, obligar a sus socios a comulgar una y otra vez con piedras de molino no es una estrategia muy inteligente, menos cuando supone insistir –desde una supuesta posición progresista– en una norma que mina la capacidad negociadora de los trabajadores allí donde con mayor fuerza se organizan. No solo crea desconfianza, sino que además debilita la posición de la izquierda.