La Fiscalía General del Estado español ha pedido a las fiscalías autonómicas que le envíen todas las denuncias y querellas en tramitación sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidas por religiosos.

Según indicaron diferentes fuentes, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha solicitado a los 17 fiscales superiores esa documentación relativa a procedimientos «incoados tanto en sede judicial como fiscal».

En junio de 2019, la Fiscalía General del Estado advirtió de que las medidas para evitar y denunciar los abusos sexuales a menores en la Iglesia eran «deficientes», y urgió a esta institución a llevar cada sospecha ante la Justicia, prescindiendo de «comprobaciones o filtros internos de verificación».

Entonces ya apuntó que son las autoridades públicas y la Fiscalía las que «deben asumir el estudio del caso y la valoración de la existencia de indicios para formular la denuncia y quienes, simultáneamente, deben velar por la protección de los menores afectados».

En abril de 2021, la Iglesia reveló por primera vez datos de casos de abusos sexuales a menores desde el año 2001 y admitió que en esos 20 años fueron denunciados un total de 220 clérigos, de los que 151 casos ya se habían resuelto y 69 seguían abiertos.

Ahora, Delgado da un nuevo paso para la investigación de este tipo de delitos al tiempo que en el Congreso se va a debatir si se abre una investigación, como han pedido Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.

Comisión de investigación

En este sentido, conviene señalar que la Mesa del Congreso español calificó ayer la propuesta, que pasó el primer filtro parlamentario gracias a los votos del PSOE y del grupo confederal.

Los servicios jurídicos de la institución no habían puesto pegas a la iniciativa, pero el PP y Vox se desmarcaron del criterio de los letrados, que no es vinculante, y votaron en contra de su tramitación. Y es que los partidos que presiden Pablo Casado y Santiago Abascal consideran que la Iglesia no puede ser objeto de control por parte del Gobierno y que esta cuestión debe dirimirse en los tribunales.

Una vez admitida a trámite, el siguiente paso será que la Junta de Portavoces, por mayoría, ponga fecha a su debate en sesión plenaria. En este trámite es precisamente donde han caído varias comisiones de investigación, como las propuestas para investigar la indemnización del proyecto Castor, impulsada por Compromís, o la de abusos a menores tuteladas en el País Valencià e Illes Balears, registrada por PP y Ciudadanos.

«Actuar con audacia»

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, instó a todos los partidos a «no desaprovechar esta oportunidad». «Es una situación lo suficientemente importante y urgente como para actuar con la debida audacia y no ponerse de perfil», apuntó, y recordó que las propias víctimas aseveran que la comisión supone «un hilo de esperanza, un balón de oxígeno tras décadas de desamparo, de silencio, de inacción, de pasividad y de obstruccionismo por parte de las instituciones».

«Creemos que es el momento de levantar las alfombras, de empezar a derribar el muro de la impunidad y de conocer toda la realidad para reparar a las víctimas para que no se vuelva a repetir», añadió.

La dirigente de JxCAT Miriam Nogueras aseveró que «obviamente vamos a dar el apoyo» a la iniciativa; mientras que desde el BNG, Néstor Rego incidió en que «es necesario depurar responsabilidades políticas y judiciales». «Es una cuestión de justicia», señaló.

Desde Unidas Podemos, Pablo Echenique aseguró que harán los cambios necesarios para que el PSOE dé el visto bueno y afirmó que están dispuestos a escuchar sus sugerencias.

Junta de Portavoces

Como la próxima semana no hay pleno por la celebración de las elecciones autonómicas de Castilla y León del 13 de febrero, el debate de la comisión sobre los abusos en la Iglesia no se celebrará en ningún caso antes del 17 de febrero, siempre y cuando haya mayoría en la Junta de Portavoces para incluirlo en el orden del día. Y ahí, sabiendo la oposición de PP y Vox, la posición del PSOE será clave.

En este sentido, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, señaló que están analizando «todos los escenarios posibles» para que la comisión sea un instrumento «esclarecedor» y se celebre con todo el respeto a las víctimas.

Si llega a Pleno, ahí se decidirá si se aprueba o no su creación. Ciudadanos está dispuesto a votar a favor de la comisión de investigación, pero el PNV, que no forma parte de la Mesa, ya ha avanzado que prefiere que sea el Gobierno español el que constituya un grupo de expertos para analizar esta cuestión y que después presente sus conclusiones en el Congreso.

La Iglesia católica neozelandesa revela «abusos horrorosos»

Elkarrekin Podemosek legez besteko proposamen bat erregistratu zuen atzo Gasteizko Parlamentuan, Lakuako Gobernuak EAEn Elizaren hainbat ordezkarik adingabeei egindako sexu abusuak ikertzeko batzorde independente bat sortzeko eskariarekin. Miren Gorrotxategi Legebiltzarreko bozeramaileak esan zuenez, «errealitate oso larria da abusuena, eta Elizako estamentuek urteak daramatzate ezkutatzen».

Joan den ekainaren 4tik aurrera, 8/2021 Lege Organikoari esker, adingabeei egindako delitu larrienen preskripzio epea luzatu egin da; ondorioz, 18 urtekoa izatetik 35 urtekoa izatera igaro da. «Hori, zalantzarik gabe, aurrerapauso handia da. Hori bai, biktimen prebentziorako eta erreparaziorako politika publikoen eskutik joan behar du». Horregatik, ikerketa batzorde independentetik haratago, Elkarrekin Podemosek Lakuari erreparaziorako politika publikoak planifikatu eta gauzatzeko eskatu zion.

Gainera, Parlamentuko sexu abusuen lantaldea berraktibatzeko ere galdegin zuen; izan ere, «urtebete daramagu legegintzaldian, eta presidenteak ez du behin ere deitu», salatu zuen Gorrotxategik. «Neurria eman eta biktimei merezi duten segurtasuna eskaini behar dugu», esan zuen Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak.GARA

Ikerketa batzordea EAEn

La Iglesia católica de Nueva Zelanda reveló ayer públicamente, por primera vez, la escala de los «horrorosos abusos», incluyendo los sexuales, perpetrados desde la década de 1950 por miembros del clero y otros religiosos contra más de mil personas, la mitad de ellos menores.

En un comunicado, la institución religiosa apuntó que casi la mitad de las 1.680 denuncias, realizadas por 1.122 personas, implicaban un daño sexual perpetrado principalmente en instalaciones educativas u hogares residenciales. El 75% de estos presuntos abusos se produjeron antes de la década de 1990, precisó.

Las denuncias afectan a un 14% de los 1.274 clérigos diocesanos, es decir, a aquellos que trabajaron para un obispo desde 1950, así como a un 8% de los 2.286 hermanos o sacerdotes de una congregación y a un 3% de las 4.247 hermanas o monjas que desempeñaron esas funciones en los últimos 70 años.

Estos datos forman parte de un informe preparado por la Iglesia católica de Nueva Zelanda para la comisión gubernamental conformada en 2018 por la primera ministra, Jacinda Ardern, para investigar los abusos cometidos dentro de las instituciones del país oceánico.

El informe ha sido divulgado a pocos días de que la comisión gubernamental, que reveló hace dos años en un documento preliminar que unos 250.000 menores y adultos vulnerables fueron víctimas de abusos desde 1950, celebre audiencias públicas sobre casos emblemáticos de abusos en el seno de la Iglesia católica.

Estas audiencias se centrarán en la escuela Marylands, un internado para varones y discapacitados de Christchurch, y del Hebron Trust para menores en riesgo, gestionados por la orden de los Hermanos de Dios de San Juan, así como en el aledaño orfanato de St Joseph.

El cardenal John Dew, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Nueva Zelanda, reconoció que las estadísticas publicadas son «horrorosas» y suponen «algo de lo que estamos profundamente avergonzados».GARA