El jueves el Congreso español también convalidó el decreto que permite al Gobierno tomar el control de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como el «banco malo». La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, defendió que el cambio da al Estado herramientas para gestionar lo que es «suyo». Sin embargo, el único patrimonio que acumula esa sociedad son pérdidas. Por esa razón, en realidad, lo que el Estado acepta es hacerse cargo de unos números rojos que antes fueron de los bancos privados.

Desde su constitución, el principal cometido de la Sareb fue construir un puente por el que traspasar las pérdidas de los bancos al Estado. Para ello, la entidad compró los activos tóxicos con los que se quedaron los bancos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Imposibles de vender en aquel momento, la Sareb adquirió con el aval del Estado créditos fallidos, promociones inacabadas y solares baldíos pagando por ellos –a juicio de los números que está dejando su gestión– un precio demasiado elevado. De este modo, algunos bancos pudieron recomponer su balance y otros quedaron limpios para ser comprados o absorbidos sin deudas. La actividad de la Sareb ha sido un negocio redondo para la banca privada. Es por esta razón que lo ocurrido con la gestión de sus pérdidas constituye un ejemplo de manual de deuda ilegítima: el Estado contrajo deudas para preservar el poder de las élites financieras cargando sus costes sobre una población ya empobrecida.

Con la decisión del Congreso se cierra definitivamente el círculo para socializar las pérdidas que la burbuja inmobiliaria dejó en la banca. El Estado pagará finalmente toda la cuenta de la fiesta. Tal vez sea conveniente empezar a hacer el inventario de todas esas deudas ilegítimas que está asumiendo el Estado español porque, cuando toque, habrá que hacer cuentas con el Ejecutivo español como paso previo a la independencia de este país.