La coherencia es un valor en desuso, en particular entre una parte de la clase política. Cuando el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, afirma que si «negocias y acuerdas, lo que entiendes es que la otra parte va a cumplir», no se acuerda de que existe un pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos en el que afirmaban que en esta legislatura iban a derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy, ni que llegaron a un acuerdo en Madrid con EH Bildu certificando esa voluntad. Ellos no firmaron esos pactos para cumplirlos, pero le parece un escándalo que UPN no votase a favor de la reforma de Yolanda Díaz cuando a cambio de dos votos en Madrid ellos habían aprobado en Iruñea una modificación presupuestaria que consideraban mala para la ciudadanía y cuando se habían comprometido a no decir lo que piensan: que Enrique Maya es un xenófobo y que con sus declaraciones basadas en prejuicios racistas miente y daña a la ciudad a la que representa. ¿Y cómo olvidar que es alcalde, y lo sigue siendo, gracias al apoyo del PSN?

Esa capacidad de olvidarse de las cosas que quieren les va a venir bien a Alzórriz, Santos Cerdán y María Chivite. Porque recordar el ridículo al que les sometieron desde Madrid no tiene que ser fácil. Habituarse a la incoherencia es otro tema; porque, a la larga, penaliza.

¿Por qué el resto no hace lo que yo quiero?

La única razón por la que la que no se ha podido derogar la reforma laboral del PP es porque la patronal española no quería, y seguramente el PSOE tampoco estaba convencido. En el Estado español, UP, UGT y CCOO no tienen fuerza suficiente para lograrlo, ni en una mesa ni en una calle a la que han renunciado. Pero en la institución donde reside la legitimidad para hacer leyes, en el Parlamento, había mayoría suficiente para cumplir el mandato democrático adoptado.

Que la patronal quiera imponer un veto para que el poder legislativo no pueda hacer su trabajo en base a la representación que salió de las urnas es democráticamente inaceptable. Confirma la percepción de gangsters que tiene gran parte de la sociedad sobre ese lobby y refleja una visión muy deficiente de lo que es la política, el estado de derecho y la democracia.

Quizás algunos lo entiendan mejor en términos personales: no puedes pensar que otros harán lo que tú no harías en ningún caso, porque no es justo o porque no favorece tus intereses legítimos. Por eso es incomprensible que Yolanda Díaz, Félix Bolaños, Unai Sordo o Pepe Álvarez piensen que porque ellos asuman el veto de Antonio Garamendi esa cesión vincula de algún modo a Aitor Esteban, Mertxe Aizpurua, Mitxel Lakuntza o a Garbiñe Aranburu. Es lógico que Eduardo Zubiaurre desee que todo el mundo haga lo que le beneficia a él y a sus asociados, pero esos intereses chocan con los de la clase trabajadora vasca. La discrepancia es lógica y es fácil de entender, si no se es un arribista o un cacique.

Rentabilizar los errores ajenos, sin soberbia

En este episodio, la derecha española lo tenía relativamente fácil: le bastaba con asumir la disciplina de la patronal y defender la concertación. A la chilena, aunque de otro tiempo. Pero la ultraderecha española no se equivoca de época, y ellos sí que están a lo Kast en Chile, al golpismo. El dilema español es cambio o reacción. El Gobierno de Sánchez no parece dispuesto a avanzar en alternativas estratégicas que vayan más allá de la siguiente reunión. Así le ha explotado la geometría variable en la cara. Que un Gobierno que se dice progresista deje el futuro de las relaciones sociolaborales en manos de Sergio Sayas y Carlos García Adanero es delirante. Como es desesperante que el trato entre Ferraz y Javier Esparza sea de nuevo utilizar a Nafarroa como moneda de cambio por encima de la voluntad de los navarros.

No obstante, cuidado con las derrotas ajenas, que se pueden interpretar como victorias propias sin serlo. El rocambolesco proceso de aprobación de la reforma laboral ha tenido efectos perversos que pueden ser beneficiosos para las posiciones soberanistas, democráticas y socialistas vascas. Para empezar, se ha demostrado que no todos los partidos ni representantes son iguales. Que el chantaje no funciona con todo el mundo. Y que en Euskal Herria existen condiciones para otras políticas, pero que no saldrán adelante solas.

Cuando terminen las chanzas, habrá que medir bien los pasos, los plazos y las alianzas. Al servicio del país y de su ciudadanía, con coherencia y con plena consciencia de que los cambios buenos deben ser estructurales.