No va a pasar, porque hablamos nada menos que del Estado español y del PP, pero eso no significa que no haya que reivindicar un cordón democrático a Vox como estrategia pertinente para parar los pies a la extrema derecha. Un cordón que, para que funcione, debe ser precondición para la negociación política, y no resultado del mercadeo ni del chantaje o del oportunismo, como ha sucedido hasta ahora. Un cordón que significa apoyar a la fuerza que sea necesaria, aunque esté en las antípodas ideológicas, para evitar la llegada de la extrema derecha al gobierno.

Ejemplos hay muchos y algunos se han demostrado eficaces. En Alemania, la sucesora designada por Angela Merkel tuvo que dimitir tras los escarceos del líder local de la CDU con la ultraderechista AfD en Turingia y los diputados conservadores acabaron apoyando al candidato de Die Linke. Lo lejano que se antoja un escenario así en el Estado español da la medida de lo cercano que puede estar que el amplio espectro posfranquista conforme gobiernos. Lo que hizo EH Bildu en Gasteiz en 2015 para evitarlo, para cerrar el paso a un Javier Maroto en postulados ultras, ofrece un contrapunto y diversas lecciones.

Pensar que un cordón institucional basta para frenar a las fuerzas totalitarias supone pecar de ingenuidad. Sin un cordón mediático y sin una cultura antifascista –elementos ausentes en España, pero que en Euskal Herria existen y hay que reforzar–, la efectividad del veto se diluye. También es necesaria una acción decidida sobre las causas del auge de la extrema derecha, que pasa irremediablemente por aprobar medidas progresistas en favor de las mayorías –algo que en este momento es posible en el Congreso español, si hay voluntad–. Un escenario internacional que aisle y castigue las tentativas ultras puede evitar tentaciones reaccionarias. La UE ha pecado de inmovilismo y sus políticas han sido caldo de cultivo para la extrema derecha, pero ayer dio una potente señal con Hungría y Polonia. Los conservadores españoles deberían tomar nota.