Las sociedades de inversión de capital variable (sicav) gozaban de un tratamiento fiscal privilegiado en el Estado. En la CAV y Nafarroa lo perdieron hace ya unos años. Son un vehículo para que los ricos gestionaran sus patrimonios sin apenas pagar impuestos. Hasta tal punto estaban diseñadas a medida de los poderosos que no era Hacienda sino la CNMV quien las supervisaba. La transposición de una directiva europea contra la elusión fiscal ha llevado a que también pierdan parte de sus prebendas en el Estado. Pero como suele ser habitual en estos casos, la salida de los patrimonios de esas sociedades se ha diseñado para que no tengan que pagar por los beneficios acumulados. Y a ese puente de plata parece que se pueden sumar las haciendas forales para atraer a alguna de esas grandes fortunas al sur de Euskal Herria.

Esta es una historia que se repite periódicamente con los grandes patrimonios. Se establecen regímenes especiales para que no tengan que pagar casi nada por sus enormes fortunas y por los beneficios que les proporcionan. De este modo, teóricamente, se evita que se lleven sus cuentas al extranjero. Pero ese régimen suele ser tan injusto que llega un momento en el que tiene que ser derogado, y entonces se inventan un procedimiento para que puedan transferir sus fondos sin que tengan que contribuir a las arcas públicas por las plusvalías que han acumulado. Y así hasta la siguiente ocurrencia que evite que coticen.

Una política nefasta desde cualquier punto de vista. Las arcas públicas no obtienen más ingresos porque esos grandes patrimonios prácticamente no tributan. El país tampoco logra ningún beneficio: la globalización permite que esos recursos pueden acabar invertidos en cualquier parte, muy posiblemente en activos especulativos. Pero, además, se rompe la equidad y el tratamiento igualitario que se debe a todos los contribuyentes. Esto último resulta especialmente hiriente para la clase trabajadora que cotiza hasta el último céntimo de sus ingresos.