SOS Racismo Bizkaia compareció ayer en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento de Gasteiz para denunciar la situación de Silvia, una mujer migrante que el 26 de mayo de 2018 fue «detenida de manera ilegal y brutalmente agredida por un ertzaina en dependencias policiales de Getxo».

En declaraciones a los medios de comunicación, Alba García y Sara Nicholson, de SOS Racismo Bizkaia, recordaron que aquel día Silvia «fue testigo de cómo unos agentes trataban de mala manera a una persona que estaba en la calle, aparentemente sin hogar, e intentó impedirlo».

«Observó cómo la Policía lo zarandeaba intentando levantarlo del suelo por la fuerza. Entonces ella, ante el abuso, les preguntó por qué lo trataban así. Los agentes contestaron que no se metiera y la empujaron. Cayó hacía atrás. Eran dos agentes, uno la insultaba y el otro daba empujones. Uno de ellos le dijo agarrándose el uniforme: ‘¿Ves qué es esto? ¿sabes qué es esto? Vete a tu puto país, vete a tomar por culo’», aseveraron.

Y advirtieron de que los ertzainas «no le dejaron acercarse a su pareja en ningún momento. Se la llevaron directamente al calabozo y a la comisaría de Algorta». «Según llegó a la Ertzain-etxea de Getxo, Silvia pidió conocer sus derechos y le mandaron callar», añadieron antes de recordar que fue en comisaría donde un ertzaina «le golpea brutalmente hasta en cinco ocasiones», como se pudo ver en un vídeo publicado por medios del grupo Vocento.

«En el vídeo se puede observar cómo, mientras un agente agrede brutalmente a Silvia, la otra agente intercede deteniendo exclusivamente la actuación de Silvia, quien finalmente tras semejante agresión y maltrato, es arrojada a los calabozos, donde permaneció toda la noche hasta la mañana del día siguiente», apuntaron. Censuraron, al tiempo, que las lesiones causadas durante su privación de libertad no quedaron recogidas en el atestado.

«De este brutal abuso en el marco de una detención ilegal han pasado ya casi cuatro años y la única actuación habida ha sido una acusación del Gobierno Vasco exclusivamente contra Silvia y totalmente desproporcionada, enfrentándose a una pena que asciende a siete años de prisión», destacaron, incidiendo en que «una justicia que es lenta, deja de ser justicia».

Asimismo, presentaron una carta firmada por diversos colectivos indígenas y feministas, así como organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, que alertan de que «si condenan a Silvia gana el racismo y la brutalidad policial». No en vano, como señalaron García y Nicholson, «este tipo de hechos no son casos aislados. Son innumerables las denuncias en tal sentido. Por ello, exigimos a las instituciones y a los responsables políticos tomar medidas al respecto».

Llegar a Estrasburgo

Durante su intervención ante la comisión, García reclamó al Gabinete de Iñigo Urkullu que desista en la acusación contra la mujer agredida, que ha tratado de acabar con su vida, tal como manifestó su abogada, Agatha Libano. Ella está dispuesta a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender la inocencia de Silvia, «una luchadora a la que dijeron que si seguía adelante contra el Gobierno Vasco te vamos a acusar».

Julen Arzuaga, de EH Bildu, e Iñigo Martínez, de Elkarrekin Podemos-IU, trasladaron su apoyo a las comparecientes y remarcaron que es posible adoptar medidas a pesar de que un caso esté en los tribunales. «Y no hacerlo es una dejación de responsabilidades», indicó el parlamentario soberanista, que acusó a Lakua de «cerrar filas con el victimario», en un «cierre de filas corporativo».

Estas palabras fueron rechazadas por Jon Andoni Atutxa, del PNV, que negó la «acusación genérica de que la Ertzaintza se emplea en el desempeño de sus funciones con brutalidad, de forma racista». Y recordó que el criterio del Departamento de Seguridad es que «no se puede iniciar ningún tipo de acción disciplinaria a nivel interno hasta que no haya sentencia firme».