El precio del gas natural marcó ayer un máximo histórico en el mercado holandés. Se ha duplicado desde el inicio de la guerra en Ucrania. Y ello a pesar de que las tremendas sanciones impuestas a Rusia, principal proveedor de Europa, no han afectado al gas; Rusia, por su parte, tampoco ha cortado el suministro. En cualquier caso, la escalada de precios es más general. La inflación alcanza registros de récord –en torno al 6%– en Europa y también en EEUU, donde la Reserva Federal ha propuesto empezar a subir los tipos.

El alza de los precios ha sido notoria durante el año pasado y la guerra no ha hecho sino añadir más presión, no tanto por la contienda en Ucrania –que también–, como por las sanciones que interrumpen muchas relaciones económicas. A medio plazo esa fractura se traducirá en un aumento del coste de la vida mucho más sustancial del registrado hasta ahora. Para paliar esos efectos negativos, anteayer el Gobierno español se comprometió a mantener las rebajas fiscales en el precio de la luz y lanzó la idea de alcanzar un pacto de rentas. Ayer mismo patronal y sindicatos estatales empezaron a negociar, sin que Euskal Herria o Catalunya tengan ni siquiera voz en ese marco. En general, los pactos de rentas suelen fijar el tope máximo de subida de salarios, pero por el lado de los beneficios, no suelen precisar ningún límite, todo se queda en buenas intenciones, en moderar los márgenes. De esta forma, los pactos de rentas se convierten en instrumentos para cercenar la subida de salarios sin que paralelamente se tome ninguna medida para reducir los beneficios empresariales que suelen dispararse, como han acreditado las eléctricas.

Los trabajadores no necesitan pactos de rentas que aten sus ingresos, y mucho menos, ante una coyuntura en la que los precios pueden dispararse bastante más de lo que han subido hasta ahora. En estas circunstancias, corresponde al Gobierno establecer un control sobre los precios clave para proteger los ingresos de los trabajadores.