El periodista vasco Pablo González lleva ya más de un mes encarcelado en Polonia acusado al parecer –nada concreto se sabe– de espiar para Rusia. Durante todo este tiempo no ha podido hablar con su familia, ni recibir correspondencia, ni tampoco tratar su caso con su abogado de confianza, de modo que un mes después de su arresto sigue, en la práctica, incomunicado. La única visita que se le ha permitido ha sido la del cónsul español. Una situación de indefensión absoluta en la que Polonia está deliberadamente conculcando derechos fundamentales que asisten a cualquier detenido, sean cuales sean los cargos que se le imputen.

Interpelado ayer en el Congreso sobre esta flagrante violación de los derechos humanos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se limitó a señalar que está al tanto de la situación. Ningún posicionamiento público de denuncia, ningún gesto de reproche a la actuación del Gobierno polaco, ninguna medida diplomática, nada. El Ejecutivo español se limita a ejercer el papel de notario y no ha dado ni un solo paso para defender los derechos que asisten a Pablo González. Incomprensible sumisión ante un país con el que comparte silla en la Unión Europea.

Esta detención arbitraria tiene además una consecuencia añadida que el Gobierno español no puede obviar. Con ella se pretende amedrentar y silenciar al periodismo independiente, cerrando el paso a cualquier enfoque o información que cuestione el relato oficial. De este modo, también se conculca el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural que es la base de cualquier democracia. Amenazar y silenciar a los periodistas con criterio propio es el camino más recto hacia el autoritarismo.

Todas las guerras dejan muchas bajas y en la Unión Europea se están resintiendo especialmente los derechos humanos y las libertades fundamentales. En esta cuestión, sobran los cálculos hipócritas. Exigir la libertad de Pablo González es una obligación para todos los demócratas.