La oficina de la ONU para los Derechos Humanos reiteró su alarma por la situación penitenciaria de Ecuador, después de que el lunes al menos 44 personas perdiesen la vida por enfrentamientos en una cárcel de Santo Domingo de Tsáchilas, y reclamó una reforma urgente que implique también al sistema judicial.

Se supera así ya la cifra de 400 reclusos fallecidos en enfrentamientos entre bandas rivales en poco más de dos años. Esta nueva masacre es la mayor de este año, por encima de la anterior, ocurrida un mes antes en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca, donde murieron veinte reclusos y al menos otros diez resultaron con heridas.

Ambos episodios tienen detrás a las mismas bandas rivales: una organización llamada ‘‘Los Lobos’’ como la supuesta causante de estas masacres al atacar a un grupo disidente que se hace llamar ‘‘R7’’, según el ministro del Interior, Patricio Carrillo.

En el motín, se fugaron de los pabellones al menos 220 presos, de los cuales 108 aún seguían ayer en paradero desconocido,

La violencia en las cárceles es recurrente en el país sudamericano, en palabras de la portavoz del Alto Comisionado de la ONU, Liz Throssell. Desde diciembre de 2020, al menos 390 reclusos han muerto por motines y enfrentamientos entre bandas. En el caso del incidente del lunes, la violencia estalló por el traslado de un preso, pero Throssell recordó que no es un caso único. «Estos preocupantes incidentes subrayan una vez más la urgente necesidad de una completa reforma del sistema de justicia penal, también del sistema penitenciario», insistió. En este sentido, recordó que todo Estado tiene como responsabilidad la seguridad de las personas bajo custodia, por lo que es también culpable indirecto de lo que ocurra en las cárceles y debe emprender una plena investigación.