Los «falsos positivos», como se conoce en Colombia a la muerte a manos de militares de civiles presentados como guerrilleros, fueron parte de una política de Gobierno aplicada entre los años 2002 y 2008, durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe. Así lo recoge el informe que entregará la Comisión de la Verdad el próximo 28 de junio, en el que alerta de «crímenes de guerra y de lesa humanidad» cometidos por el Ejecutivo de Bogotá.

En un acto con familiares de jóvenes de Soacha, población aledaña a Bogotá, Alejandro Valencia, miembro de la Comisión de la Verdad, destacó que «los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales en su periodo de exacerbación entre 2002 y 2008 se cometieron como parte de una política de Gobierno, que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad».

Los victimarios eran militares, que contaron con la ayuda de otras instituciones del Estado como los grupos Gaula (grupos antiextorsión y secuestro), la Armada, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), la Justicia Penal Militar y el Consejo Nacional de la Judicatura, y también de entidades no estatales como empresas multinacionales y grupos paramilitares.

«Las víctimas de estos hechos provinieron de los sectores poblacionales más vulnerables y fueron seleccionadas por habitar ciertos territorios considerados como auxiliadores de la guerrilla, por considerarlas prescindibles para la sociedad o por asumir su condición de integrantes de grupos armados, principalmente, de guerrillas sin corroborar su condición y sin encontrarse en enfrentamientos armados», detalló.

Además, según la Comisión, el modus operandi de las ejecuciones extrajudiciales trajo como consecuencia la «implementación de una cadena de acciones fraudulentas, antes, durante y después de la realización del crimen, en las cuales llegaron a participar de forma consciente efectivos de todos los rangos de la Fuerza (Pública)».

Valencia señaló que pese a que en la segunda mitad de los años 90 organismos internacionales advirtieron sobre estos hechos y que EEUU tenía información que indicaba que en Colombia se estaba llevando a cabo la práctica del body count (recuento de cadáveres), esas denuncias «no fueron tomadas en cuenta para frenar las dinámicas que llevaron a su ocurrencia».

«Insólita y calumniosa»

El Centro Democrático, fundado por Uribe, salió en defensa de su jefe y tildó de «insólita y calumniosa» la declaración de Valencia. El expresidente dijo que denunciará a la Comisión de la Verdad, surgida del Acuerdo de Paz y que busca, entre otras cosas, relatar con detalle lo ocurrido durante décadas de conflicto.

Según la Comisión, se registraron más de 6.400 víctimas entre 2002 y 2008 en Bogotá y Soacha, una cifra aún preliminar.