La Comisión Europea hizo públicas ayer sus conclusiones del llamado semestre europeo, un ciclo instituido, en teoría, para coordinar políticas presupuestarias, sociales y de empleo, pero que en la práctica se ha convertido en el instrumento de la burocracia europea para imponer ciertos objetivos financieros por encima de las políticas económicas, sociales y de empleo de los Estados miembro. Entre las conclusiones de este ciclo destaca que propone mantener la suspensión de las reglas fiscales hasta finales de 2023, alargando una excepción puesta en marcha en el inicio de la pandemia del covid. Dada la actual coyuntura convulsa y la política de sanciones contra Rusia, es probable que, vencido el nuevo plazo, se vean obligados a proponer una nueva prórroga; y así, sucesivamente. Las reglas fiscales son un corsé demasiado ceñido para tiempos convulsos.

El otro aspecto destacado es que Bruselas ha alertado al Gobierno español por su elevada deuda pública, pero también por el alto endeudamiento privado y la importante deuda externa, todo unido a un alto desempleo, una conjunción de elementos que reflejan una economía tremendamente débil. Solo en situaciones muy excepcionales todos esas magnitudes crecen a la vez. Las causas probablemente haya que buscarlas en una débil industria, superada por la competencia internacional, en un turismo bajo mínimos, a causa de la complicada coyuntura sanitaria y geopolítica, y en la pérdida de soberanía monetaria que impide ajustar la moneda al potencial de la economía.

Y las consecuencias ya se empiezan a vislumbrar. Bruselas ha advertido al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que puede ser peligroso vincular las pensiones al IPC en una coyuntura de elevada inflación. Los ajustes, como ya es norma en Bruselas, se plantean para endosárselos a los grupos sociales más débiles. En tiempos convulsos no hay nada mejor que invertir en soberanía, en nuestro caso, en la de Euskal Herria.