Al día siguiente de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmara ufano que su Gobierno está «a punto de ganar» su «guerra contra las pandillas», Amnistía Internacional (AI) denunció que el mandatario ha sumergido al país en una crisis de derechos humanos tras documentar al menos 28 casos de vulneraciones.

Las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre las que destacan detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, así como la muerte de cerca de una veintena de personas bajo la tutela del Estado, explicó AI al presentar las conclusiones de una investigación realizada en el país centroamericano.

Estos crímenes se enmarcan en el régimen de excepción aprobado el 27 de marzo, prorrogado dos veces, y vigente todavía por el auge de homicidios presuntamente cometidos por maras.

«En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia», señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI. Asimismo, pidió justicia «de forma urgente»: «Esta solo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva».

El régimen de excepción, junto a las reformas penales, han limitado los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente. Así, AI aseguró haber encontrado miles de casos de detenidos sin el cumplimiento de los requisitos legales, «únicamente» por haber sido «señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del Gobierno».

Guevara tildó de «alarmante» que los tres poderes del Estado, incluida la Justicia, «estén funcionando de manera coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas», y denunció que «su uso político atenta contra el Estado de derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional».