La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó en Varsovia el desbloqueo de los fondos europeos de recuperación para Polonia, condicionado a los avances en independencia judicial a los que se comprometió el Gobierno polaco. Junto a su presidente, Andrzej Duda, y al primer ministro, Mateusz Morawiecki, Von der Leyen enfatizó que «hay tres compromisos que deben cumplirse antes de poder realizar ningún pago».

Los concretó en la supresión de la actual Sala Disciplinaria para sustituirla por un tribunal independiente, la reforma del régimen disciplinario de los jueces y la revisión por un nuevo organismo de las sanciones ya aplicadas. De esta manera, Von der Leyen trasladó al Ejecutivo polaco las condiciones para acceder a los 23.900 millones de euros en subvenciones y 11.500 millones en préstamos del plan de recuperación económica adjudicado a Polonia.

Aunque Morawiecki se congratuló de que «este largo proceso haya quedado atrás», dejó caer que su Gobierno «no permitirá que el poder Judicial caiga en la anarquía».

El Ejecutivo polaco llegó a acusar a la UE de «chantaje», «terrorismo económico» por exigir cambios en la reforma judicial que Varsovia puso en marcha en 2015 para desbloquear el presupuesto para la recuperación pospandemia.

El año pasado Bruselas impuso a Polonia una multa de un millón de euros por cada día que existencia de la polémica Sala Disciplinaria Judicial, una sanción que ya ha acumulado 250 millones de euros.

A Bruselas parece haberle bastado que Polonia haya admitido la necesidad de cambios en su reforma judicial y la sustitución de la Sala Disciplinaria por otro sistema que muchos juristas consideran un mero cambio de nombre.

El papel de Polonia en la guerra de Ucrania, como punta de lanza de la UE contra Rusia y en la acogida de refugiados, ha rehabilitado ante Bruselas al Gobierno ultraderechista polaco, que además presionó a la UE vetando un tipo mínimo del 15% del Impuesto de Sociedades para multinacionales.