Al menos 18 personas murieron y otras 243 resultaron heridas en las protestas que tuvieron lugar entre el viernes y el sábado de la semana pasada en la ciudad de Nukus, según la Fiscalía de Uzbekistán. La Guardia Nacional uzbeka comunicó, además, que 516 personas fueron detenidas durante las manifestaciones, declaradas ilegales por las autoridades, que han impuesto el estado de emergencia en toda la región de Karakalpakia o Karakalpakistán hasta el 2 de agosto.

El detonante de las protestas fueron las enmiendas constitucionales propuestas por el presidente, Shavkat Mirziyoyev, que preveían retirar el estatus soberano que ostenta la autonomía de Karakalpakia y su derecho a escindirse de Uzbekistán mediante un referéndum.

Este derecho está recogido en la Constitución desde la independencia uzbeka.

Para calmar las tensiones, Mirziyoyev visitó este fin de semana Nukus, donde se reunió con sus autoridades y anunció la retirada de estas modificaciones en base a «las opiniones expresadas por los habitantes de Karkalpakistán».

Pero a la vez, el presidente advirtió de que las autoridades responderán con «medidas estrictas» ante las protestas. La Fiscalía General incoó un proceso penal contra los detenidos por «intento de subvertir el orden constitucional», delito que en Uzbekistán se castiga con hasta cinco años de prisión.

Mirziyoyev ocupa el cargo de jefe del Estado desde la muerte de su predecesor, Islam Karimov, en 2016, y las manifestaciones de la semana pasada son el mayor desafío al que se ha enfrentado hasta ahora.

El mandatario prometió impulsar una «sociedad civil libre» tras su reelección el año pasado, pero activistas de derechos humanos han denunciado los abusos que persisten a pesar de ciertas reformas económicas y sociales.

Reelegido el año pasado, Shavkat Mirziyoyev planteó la reforma de la Constitución que, además de anular la posibilidad de separación de Karakalpakia, alarga el mandato presidencial de cinco a siete años. Se prevé que sea sometida a referéndum en los próximos meses.

Apoyo de Moscú.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, apoyó a su homólogo uzbeko y las medidas adoptadas por el Ejecutivo tras las protestas de Karakalpakia.

Por su parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al igual que la UE, reclamó una investigación independiente y transparente.

La república autónoma de Karakalpakistán, con una población de casi dos millones de personas y dos idiomas oficiales, el karakalpako y uzbeko, es la región más grande del país, pero la cuarta menos poblada.

Uzbekistán es el país más poblado de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, con casi 35 millones de habitantes. En 2005, bajo el mandato de Islam Karimov, ya vivió episodios de represión que dejaron cientos de muertos.

Las repúblicas vecinas también han conocido sucesos similares. El movimiento de protestas del pasado enero en Kazajistán, que se consideraba el país más estable de la región, fue aplastado con 230 muertos.

Tayikistán y Kirgizstán se enfrentan regularmente por acceso a tierras y agua en su frontera común y las autoridades tayikas acaban de llevar a cabo una operación que presentan como «antiterrorista» contra figuras locales en la región autónoma del Alto Badakhshan, una zona montañosa en la región del Pamir. Kirgizstán, por su parte, ha conocido revueltas en 2005, 2010 y 2020, así como violencias contra la minoría uzbeka.

Todo ello en una región sobre la que Rusia mantiene su influencia como garante de su seguridad y en la que China también aumenta la suya. Sus grandes recursos naturales sitúan a estas repúblicas sen el foco de rusos, chinos y occidentales.