Quince de los diecisiete tramos que forman el ramal guipuzcoano del TAV y que licita el Gobierno de Lakua los han construido empresas que según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) o la Guardia Civil actúan de manera delictiva. Sin embargo, desde la Administración autonómica, nadie ha dado señales públicas de alarma.

El 7 de julio, la CNMC anunció que multaba con 203,6 millones a seis grandes constructoras por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de construcción de infraestructuras.

Según los datos obtenidos durante su investigación, desde 1992, estas seis compañías se reunían semanalmente junto a una séptima y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Se reconocían entre sí como el «G7» y también intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. Su actuación afectó a miles de contratos.

Empresa, multa y tramo

A continuación se detallan las empresas multadas, la cuantía de la misma y los tramos del ramal guipuzcoano del TAV que lograron en su día.

El mayor castigo recayó sobre Dragados, con una multa de 57,1 millones de euros, que tiene también el mayor número de licitaciones, cinco, en los tramos de Beasain Este, Zizurkil-Andoain, Urnieta-Hernani y Tolosa.

FCC recibió una multa de 40,4 millones de euros. Cuenta con tres tramos: Bergara-Antzuola, Ezkio-Itsaso y Ordizia-Itsasondo. La multa para Ferrovial fue de 38,5 millones. Ha trabajado en el tramo Andoain-Urnieta.

La empresa Acciona sumó las licitaciones de los tramos Antzuola-Ezkio/Itsaso Oeste, Legorreta y Hernialde-Zizurkil. Su multa fue de 29,4 millones.

Obrascón Huarte Lain (OHL) fue castigada con 21,5 millones de euros. Construcciones Adolfo Sobrino, parte del grupo, obtuvo la concesión de Antzuola-Ezkio/Itsaso Este.

La empresa Sacyr, castigada con 16,7 millones de euros, logró los tramos Bergara-Bergara y Hernani Astigarraga.

La séptima firma del G7 a la que el CNMC no ha multado, también tiene graves antecedentes. En 2014 la Guardia Civil llevó a cabo una operación en la que detuvo a nueve altos cargos de Adif y de la empresa Isolux Corsán-Corviam, por alterar al alza precios de tramos del AVE en Barcelona. Corsán sobornaba a directivos de la empresa pública.

Corsán gestiona el tramo Tolosa-Hernialde, del ramal guipuzcoano y otros 3 del vizcaino, dependiente de Madrid.

A pesar del escándalo, el Ejecutivo de Lakua aseguró entonces no estar preocupada por el caso ni tomó ninguna medida.