El juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama, que investiga el espionaje por medio de Pegasus a miembros del Gobierno español, acordó ayer tomar declaración como testigos al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

A tal efecto, el magistrado remitió un suplicatorio al Consejo de Ministros con objeto de que proceda a desclasificar «los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por dichos testimonios».

En una escueta nota, la Audiencia española señaló que Calama ha acordado estas diligencias tras tomar declaración al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y a la exdirectora del CNI Paz Esteban, así como al funcionario del CNI que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias de la Abogacía del Estado.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo Esteban asumió un espionaje «legal» a decenas de políticos independentistas catalanes y vascos, entre los que figura el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el diputado Jon Iñarritu. Además, se confirmó la intervención con aval judicial de los teléfonos de los presidents Pere Aragonès, Carles Puigdemont y el entorno de este último; el diputado de la CUP Carles Riera; el exvicepresidente de Òmnium Cultural Marcel Mauri; o la responsable de la ANC, Elisenda Paluzie, así como los de otros «ciudadanos anónimos».

La exdirectora del CNI advirtió, además, de otro espionaje «incontrolado», dirigido contra algunos ministros y contra el propio presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.