El 12 de agosto del 1992 la Policía Municipal de Barakaldo desalojó, por orden del alcalde Carlos Pera del PSOE, el local situado en la calle Berriotxoa; en el cual se reunían decenas de personas y colectivos sociales de diversa índole. Este desalojo conllevó la creación de la «Coordinadora de Colectivos Populares-Berriotxoa». Después se transformaría en la actual «Plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales, Berri-Otxoak».

La plataforma se constituyó en un contexto económico y social muy difícil. Encallados y atascadas en una muy grave y profunda crisis provocada por el cierre de grandes y emblemáticas empresas de la margen izquierda. La reconversión industrial, la falta de vivienda y las altas tasas de desempleo, se hacían sentir de forma dramática en Barakaldo.

A día de hoy seguimos arrastrando las consecuencias de aquellas nefastas decisiones políticas y de las medidas antisociales de los continuos gobiernos municipales que nos han tocado vivir. Como si se tratara de una crisis perenne, Barakaldo sigue estando a la cabeza en la Comunidad Autónoma Vasca, en desempleo, precariedad, pobreza infantil, especulación inmobiliaria, desahucios, personas sin techo… Estamos pagando muy caro la actitud y la negligencia política de las instituciones públicas.

Asimismo, como una insufrible paradoja, estamos también en los primeros puestos de las asignaciones económicas a los responsables municipales con sus abusivos sueldos. Y al día de hoy, después de treinta años, parece que las intenciones de los actuales mandatarios municipales no pasan por dar un vuelco a esta grave y dura situación social.

Por eso, a los largo de estos años han sido múltiples las movilizaciones que hemos realizado, en ocasiones con otros colectivos de la localidad, defendiendo el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, sufridos por cientos de familias barakaldesas. Además, de impulsar diferentes iniciativas contra los recortes, la precariedad y el empobrecimiento económico.

También pusimos en marcha una «Oficina Alternativa de Información sobre los Derechos Sociales», para dar respuesta al deterioro social y económico generalizado en el municipio. Abrió sus puertas el lunes 17 de noviembre del 1997 y por la que ya han pasado 14.016 familias.

En nuestro 30 aniversario seguimos con nuestro compromiso más vivo que nunca y no nos vamos a resignar a aceptar esta situación. Animamos a todas las personas a participar, cada cual a su manera, en nuestra pelea por los derechos sociales para todas las personas.